De esta manera, la Sala de lo Penal lleva la contraria a la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que desestimó esta petición por auto de 14 de diciembre de 2020, en el marco de la pieza separada número 9 en la que se investigan los diversos trabajos realizados por el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para el BBVA.
Béjar, imputado en esta causa, alegaba que la denegación del acceso a esos documentos (quería poder tener acceso a todos los correos en BBVA y DCN y a agendas de sus secretarias) infringía los artículos 118 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el artículo 24.2 de la Constitución. Y destacaba que había resultado incriminado a raíz de una información que aportó el banco a la causa cuando la instrucción estaba secreta y antes de que la propia entidad bancaria fuera imputada.
Béjar explicaba que hasta febrero de 2020 no pudo conocer que el motivo de su incriminación eran unos mensajes de correo de su mail profesional, y señalaba que de la cuenta solo se aportaba parte de la información. El Ministerio Fiscal, por su parte, se adhirió a la petición de Béjar y dio su visto bueno a estas diligencias solicitadas.
El juez, en el auto recurrido, señaló que no era pertinente, útil y proporcional requerir esta documentación, algo con lo que estuvo de acuerdo la defensa del BBVA porque esa información almacenada en dispositivos de su propiedad «afectaría a sus derechos e intereses, implicando secretos de empresa y derechos de terceros».
La Sala de lo Penal recuerda que Béjar en su recurso apuntó que tener acceso a esos correos y agendas era necesario para poder realizar un adecuado ejercicio de su derecho a la defensa porque lo aportado por BBVA estaba «incompleto y descontextualizado». Pero ante la negativa de la entidad, la defensa de Béjar rebajó la pretensión y acotó lo que le interesaba a las comunicaciones mantenidas con determinadas personas en correos corporativos de BBVA.
