Jordi Pujol se prepara para declarar en la Audiencia Nacional a los 95 años.
Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, que ha precisado que, tras la evaluación médica y tras una reunión de los miembros del tribunal con el expresidente, en presencia del forense y de su defensa, se ha acordado que quede “fuera del procedimiento”, recoge Europa Press.
La Fiscalía Anticorrupción reclamaba para el expresidente 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Anticorrupción acusaba a Pujol y a sus siete hijos, contra los que se mantiene la imputación, de haber formado una supuesta asociación ilícita para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.
También acusa a 15 presuntos colaboradores, entre ellos, empresarios que habrían contribuido a blanquear la fortuna de los Pujol a través de sociedades instrumentales que presuntamente gestionaba el primogénito del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas y que para ocultar la procedencia ilícita de los fondos se realizaron operaciones ficticias y rechazan que la fortuna de la familia en Andorra sea la herencia del abuelo Florenci Pujol.
En noviembre, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron al domicilio del expresidente de la Generalitat y le realizaron varias pruebas cognitivas para determinar si estaba en condiciones de enfrentarse al juicio.
En las conclusiones del informe, al que tuvo acceso Europa Press, y que fue remitido a la Audiencia Nacional, se determinó que Pujol sufre “un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)”.
Este trastorno lleva asociado un deterioro cognitivo moderado siendo “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”.
Por todo ello, los profesionales concluyeron que el expresidente no estaba en condiciones ni de desplazarse hasta Madrid ni de declarar, al determinar que no disponía de la capacidad procesal para defenderse.
No obstante, el tribunal de la Audiencia Nacional citó presencialmente este lunes al expresidente en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y acordó que fuese sometido a un nuevo reconocimiento médico para decidir si tomarle o no declaración.
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