Una medida que ha sido ratificada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
El bloqueo de cuentas fue adoptado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien lideró, porque estaba de guardia, los primeros pasos de la causa, que finalmente recayó en Pedraz después de que el asunto fuera a reparto.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos este mes por su presunta participación en una trama que habría cobrado 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en cinco operaciones.
En la causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado “Hirurok”, que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”, según la citada agencia.
Habrían actuado de manera coordinada con el objetivo “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” a través de “contratación y facturación mendaz”, canalizando los fondos principalmente mediante la mercantil Mediaciones Martínez, plasmó el juzgado de Piña en una resolución.
Los investigadores sospechan, según esa resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado “al menos entre 2021 y 2023”; se habría proyectado a “distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas”, y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar “la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
Y agregaba que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”, que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
El juez Piña dejó en libertad a los tres pero les impuso como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
