Según señala en una nota, el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se sitúa en el 13% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023.
Este resultado supone una mejora de casi dos décimas respecto al pronunciamiento anterior, “que se explica por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema”. En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB en promedio del periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.
La AIReF mantiene su estimación del impacto de las medidas respecto al pronunciamiento anterior, excepto en el caso de la reforma de cotizaciones de trabajadores autónomos, que ahora se estima con los datos reales de los rendimientos netos declarados en 2023 y 2024, frente a las estimaciones incluidas en el primer pronunciamiento. Por otro lado, en relación con la regularización de inmigrantes, el estudio realiza un análisis con un alto grado de incertidumbre y estima un impacto prácticamente nulo en promedio a largo plazo.
Riesgos de sostenibilidad en las finanzas públicas
El estudio también ratifica las conclusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en la Opinión de 2025. La AIReF subraya que el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones “no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
“En un escenario a políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales”, afirma, “la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas”. Tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050, según pronostica.
Las nuevas proyecciones incorporan una población más elevada por el efecto de la inmigración, una tasa de fecundidad inferior y una ligera mejora del crecimiento potencial. Aun así, el envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto público, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.
La AIReF detecta “problemas de diseño” en la regla de gasto que ya han sido señalados de forma reiterada por la institución. En primer lugar, la regla de gasto de pensiones parte de una “visión parcial de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición imprecisa de medidas de ingresos”.
“Las referencias de la regla no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como muestra el hecho de que su cumplimiento es compatible con un incremento de la deuda en los próximos años”, asegura. Además, la AIReF estima que, para financiar el aumento del gasto en pensiones esperado, las transferencias implícitas del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar 2,3 puntos hasta alcanzar el 3,0% del PIB.
“Este incremento, en ausencia de medidas, supondrá una minoración de los recursos disponibles para otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que parece difícil de compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales europeo y nacional”. En definitiva, la AIReF concluye que “este enfoque parcial contrasta con una visión integral de la sostenibilidad que considere el conjunto de ingresos y gastos y la consecuente evolución de la deuda pública”.
En segundo lugar, continúa, el diseño de la regla vinculado a las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea “impide incorporar la información más reciente sobre la situación del sistema público de pensiones y la economía en general”.
En tercer lugar, la regla de gasto de pensiones “no encaja en el nuevo marco fiscal europeo”. Por un lado, “el nuevo marco toma como ancla el nivel de deuda pública, que no es considerada en ningún momento en el diseño de la regla de gasto de pensiones”. Por otro lado, “sitúa como variable clave de supervisión el gasto primario neto de medidas de ingresos definido en términos de tasas de variación anuales y acumuladas, mientras que la regla de gasto de pensiones se determina en nivel de PIB”.
Por ello, la AIReF propone al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reformar la regla de gasto de pensiones “para que guarde más consistencia con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el cumplimiento de los compromisos del marco fiscal nacional y europeo”.
En concreto, plantea que la regla se exprese “en términos de tasas de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos de los Fondos de la Seguridad Social y que se incorpore a los compromisos del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo”.
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