El turno de exposición del informe de los servicios jurídicos del Estado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el presunto pago de la reforma del edificio de la calle Génova de Madrid con dinero procedente de la caja ‘b’ del PP ha sido justo después de la Fiscalía Anticorrupción, que ha alcanzado una conclusión similar.
La abogada del Estado ha concretado que son dos los delitos fiscales cometidos, uno por el Impuesto de Sociedades (IS) correspondiente al ejercicio de 2007 y otro por el Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 2010. Asimismo, ha explicado que ello se debe, por un lado, por la ocultación de ingresos y por otro por no declararlos en el ejercicio correspondiente.
Así, ha señalado que uno de los indicios de que las obras se pagaron en ‘b’ son los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, donde el extesorero del PP Luis Bárcenas apuntó los movimientos de la presunta contabilidad paralela del partido y reflejó entregas de dinero al socio de Unifica, Gonzalo Urquijo, en fechas coincidentes con la reforma.
DOBLE SISTEMA DE FACTURACIÓN Y PAGO
A ello se suma que Unifica emitió por los servicios realizados en cada planta de la sede dos certificaciones finales de obra –documento que sirve de base para elaborar facturas– y que, mientras oficialmente, quedaba registrado el pago de uno de los importes, después se comprobó que el PP abonó en negro la diferencia resultante entre ambos documentos.
Unas cantidades que tampoco fueron declaradas a la Hacienda Pública, ha señalado la abogada del Estado, que al mismo tiempo ha destacado que Urquijo, su socia Belén García, Bárcenas y el exgerente del PP Cristóbal Páez «tenían un conocimiento de este doble sistema de facturación y pago».
Además, no da credibilidad a las alegaciones de las defensas sobre que los presupuestos y facturas son documentos «vivos» y que los cambios en los importes se deben a negociaciones. Según ha dicho al respecto, la UDEF no encontró «ni un sólo correo, correspondencia, que tuviera por objeto la negociación a la baja o alta de las cuantías».
En cuanto a la declaración incorrecta a Hacienda de algunos de los ingresos, la Abogacía del Estado ha insistido en que Unifica debió atender al principio de devengo, que señala que los ingresos y gastos se deben imputar cuando se entrega la obra. Por tanto, cree que ciertas percepciones del PP y de otras empresas para las que hizo obras en 2007 se debían haber tributado en ese año y no en 2008.
LOS SOCIOS DE UNIFICA, «DEFRAUDADORES POR PARTIDA DOBLE»
Una vez explicado todo esto, la jefa del área Penal de los servicios jurídicos del Estado, Rosa María Seoane, ha tomado la palabra para incidir en la responsabilidad de Urquijo y García, a los que ha calificado como «defraudadores por partida doble».
Según ha recordado, los socios de Unifica se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro –medida que ha recordado que fue anulada por el Tribunal Constitucional y ha calificado de «desorbitante»– y presentaron una declaración tributaria especial para «aflorar una cantidad superior a un millón de euros cada uno de ellos», por el Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF).
En este sentido, ha destacado que esta declaración no puede subsanar la deuda presuntamente generada por el Impuesto de Sociedades o el IVA por parte de Unifica, ya que «la declaración presentada por un contribuyente no puede afectar a otro».
Así, ha reprochado que se haya «pretendido hacer creer que con estas declaraciones especiales se venía a regularizar y compensar la deuda causada por Unifica. Nada mas lejos», ha dicho Seonae.
«Se nos pretende hacer creer que no solo les limpió de irregularidades de IRPF al módico precio del 10 por ciento, sino que de forma múltiple vinieron a regularizar los incumplimientos y fraude en la que habría incurrido la sociedad Unifica. No vale el dos por uno y mucho menos a un 10 por ciento», ha concluido Seoane.
UNIFICA ERA UNA «MÁQUINA DEFRAUDATORIA GENERALIZADA»
Con todo ello, para exponer la relevancia penal de la conducta de los acusados, Seoane ha destacado que Unifica era una «máquina defraudatoria generalizada», ya que «de forma deliberada y consciente» decidía cuándo cobrar y cuándo declarar con el fin de «causar un engaño a la Agencia Tributaria, generando un perjuicio» por ello.
Por último, al igual que ha señalado el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, considera que Bárcenas fue «cooperador necesario» para la consumación de los delitos fiscales y ve a Paéz como «cómplice», no por el «conocimiento directo» que tuvo del «devenir de las obras», sino porque en los correos intercambiados con Urquijo se ve su disposición de ayudarle para modificar facturas.
