El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, en una imagen de archivo. (Foto: Junts)
Rius ha confirmado esta información, avanzada por La Vanguardia, en una entrevista en TVE, donde ha explicado que esta es “una de las cuestiones que están encima de la mesa”, pero no la única. De hecho, Junts reitera que el Gobierno debe retirar los tres decretos (el llamado ‘decreto ómnibus’, el del subsidio por desempleo y el de las medidas anticrisis) para pactarlos con esta formación y volver a presentarlos “individualmente”.
En su opinión, “hay tiempo” para negociarlos y que se puedan aprobar en el Congreso “la próxima semana”, y no este miércoles. De esta manera, cree que no decaerían las medidas, que podrían entrar en vigor “inmediatamente”, y ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que su partido no da “cheques en blanco”.
Rius, recoge TVE en su web, ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2017, aprobó un real decreto para permitir la marcha de empresas de esta comunidad con el que “solo buscaba perjudicar la economía de Cataluña y la de todos sus ciudadanos, fueran o no independentistas”.
Lo que pretende Junts, ha explicado, es “revertir esta situación” y que todas aquellas empresas que mantuvieron su actividad en Cataluña pese a haberse marchado “puedan volver”. A las que regresen, se les aplicaría unos incentivos fiscales, ha expuesto. Pero a las que no, se las sancionaría.
“En este momento, nuestro voto es contrario a estos tres reales decretos”, ha insistido Rius, quien ha asegurado que hay “margen para negociar”. Tal es así que están manteniendo negociaciones con el Gobierno, con el PSOE y con “miembros de Sumar”. “Los votos de Junts son necesarios y si el Gobierno los necesita, es una cuestión muy sencilla, que Junts pueda participar y llegar a un acuerdo con él para sacar adelante las medidas”, ha afirmado.
Entre las cuestiones en las que chocan está el artículo 43.2 del decreto ‘ómnibus’ relativo a la justicia y a la función pública, que fija que, cuando un magistrado presente cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, se congelen los procesos judiciales hasta que dicho órgano se pronuncie sobre cómo aplicar el derecho comunitario.
Junts está de acuerdo con que se puedan presentar cuestiones prejudiciales a las instituciones europeas, algo que no es nuevo, pero rechaza que la ley de amnistía pueda ser “suspendida de inmediato” una vez sea aprobada en el Congreso “con la presentación de un recurso” a Europa.
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