El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha comunicado por escrito al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el desbloqueo de 53 millones de euros de presupuesto comunitario para ayudar a gestionar las migraciones.
Lo ha avanzado el titular de Exteriores, Josep Borrell, a la entrada de la entrada de la toma de posesión de Luis García Montero como director del Instituto Cervantes. Ha hecho referencia a la carta que este martes envió Juncker a Sánchez advirtiéndole de los límites de los fondos para la materia: “Los recursos del Fondo Fiduciario de la UE para el norte de África son, desgraciadamente, limitados”, escribía el presidente de la CE.
Borrell ha explicado que no se trata de una partida nueva sino de fondos ya comprometidos desde la Comisión que ahora se han adelantado. El ministro reconoce que «evidentemente las necesidades son grandes y espera que se puedna conseguir más recursos», pero celebra que «de momento la Comisión ha desbloqueado 53 millones de euros, de los cuales la mitad por lo menos iran destinados a paliar las actuales circunstancias que se están produciendo en Marruecos».
«No le quiten importancia al esfuerzo que hace la Comisión, pero se reconoce que puede no ser suficiente y la presidencia austríaca ya se ha movilizado para conseguir más recursos», ha defendido Borrell ante la prensa.
Todo esto ha ocurrido después de que Juncker haya conversado por teléfono este mismo miércoles con Pedro Sánchez: fuentes de Moncloa aseguran a Europa Press que que el Ejecutivo comunitario mantiene todos sus compromisos de apoyo a España para la gestión de la inmigración.
Bruselas se reafirma así en los compromisos que adoptó con el Gobierno anterior y también en las decisiones que adoptó el Consejo Europeo de junio, el primero en el que participó Sánchez.
En las conclusiones de aquel Consejo, uno de los puntos aludía al aumento de las llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental y, por ello, a un compromiso de apoyar medios financieros y de otra índole las iniciativas que emprendan los Estados miembros, especialmente España, y los países de origen y tránsito, fundamentalmente Marruecos, para frenar las migraciones ilegales.
