Organizaciones de la sociedad civil aplauden la decisión del Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación por el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda y lo hace a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en 13 ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa.
Tras la condena a España por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda por parte de la ONU en 2017, diversas organizaciones crearon el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon una queja ante el Defensor del Pueblo, denunciando “la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas”, explica hoy la PAH.
Eso derivó en una pregunta del Defensor al Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy respondió «en un folio». Para el Defensor, esto «indica que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”.
También considera que incumplió la obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, sin ninguna otra forma de difusión.
El Defensor señala igualmente como necesario “publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado”.
Para el Grupo de Monitoreo esta obligación va más allá y es necesario que los profesionales de la judicatura reciban formación específica acerca del derecho a la vivienda y sus garantías en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
El contexto
El trasfondo de esta investigación nace del 20 de junio de 2017, cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por el “grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda”.
Lo hizo a raíz del caso de una familia que vivía de alquiler en una habitación en Madrid que había solicitado hasta en 13 ocasiones, desde 1999 a 2011, una vivienda social ante el Instituto de la Vivienda de Madrid atendiendo a sus dificultades económicas. Ninguna fue admitida.
El 3 de octubre de 2013, la familia, con dos hijos menores fueron desahuciados después de que la propietaria del piso decidiera no renovarles el contrato de alquiler y el juzgado ordenase el desalojo. Sin otro lugar a donde ir, primero durmieron durante 10 días en un centro de personas sin hogar. Tras ser invitados a marcharse, la familia acabó durmiendo en el coche.
Después de estudiar el caso la respuesta del Comité fue clara: el desahucio de esta familia, sin alternativa habitacional, vulnera el derecho a la vivienda reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
La decisión del Comité incluye recomendaciones generales para paliar un problema que se demuestra estructural en España, donde solo en 2017 se han producido 57.996 desahucios, según la PAH.
