«A resultas de la situación de emergencia creada por la desconexión del suministro eléctrico, se observa un aumento de la precariedad y la aparición de casos de pobreza energética extrema difícilmente encontrables en otras zonas de la UE o en general en el Norte global», indican en el Informe Final del Proyecto ‘Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana’, elaborado por los investigadores de la UC3M Jorge Martínez Crespo, Fernando Hernández Jiménez y Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, recogido por Europa Press.
La investigación comenzó el 29 de septiembre de 2020, después de firmar un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, y tres días después, el 2 de octubre, se produjo el corte del suministro eléctrico en los sectores 5 y 6, dejando sin energía a más de 4.000 personas, de las cuales unas 1.800 eran menores de edad.
«Entonces nos centramos en el impacto de este corte de suministro en los hogares de estos sectores y medimos las condiciones ambientales en el interior de las viviendas», explica uno de los investigadores, Jorge Martínez Crespo, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC3M.
Como resultado de la investigación, los autores constatan un panorama global de alta vulnerabilidad social, con situaciones extremas de frío y calor en función de las estaciones.
«Es posible, e incluso habitual en hogares que suman varios indicadores de precariedad (ingresos bajos, mala calidad de la edificación, equipamiento inadecuado u hogar afectado por desconexiones), identificar temperaturas en las habitaciones de más uso inferiores a los 10°C en invierno o incluso superiores a los 40°C en verano», apunta Ulpiano Ruiz-Rivas Hernando, responsable del Grupo de Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo Sostenible de la UC3M.
Ante estos datos, el informe recomienda que se restaure el suministro eléctrico en el sector 6, carente de luz desde octubre de 2020. «No parece justificable que después del corte brusco del suministro, hace ya más de tres años no se haya implementado ninguna medida estructural», dicen los autores del estudio, publicado recientemente en la revista científica Energy Research & Social Science por Ulpiano Ruiz-Rivas y Jorge Martínez-Crespo junto a Sergio Tirado-Herrero (Universidad Autónoma de Madrid) y Raúl Castaño Rosa (Universidad de Tampere, Finlandia).
Los cuatro lamentan que no se haya acometido ya una diversificación del suministro, dada la existencia de otras líneas de alimentación de media tensión en la zona que podrían aliviar la sobrecarga. También echan en falta una licitación para desarrollar instalaciones de autoconsumo colectivo a partir de las dotaciones públicas más próximas.
Además, los investigadores afirman que el corte de suministro eléctrico también supuso una «amenaza» para otros sectores de la Cañada Real, ante la cual, los habitantes de la zona buscaron otras fuentes alternativas de suministro, como paneles solares o generadores diésel, que se pueden ver actualmente a lo largo de diferentes puntos del trazado.
Para realizar esta investigación, se ha combinado el análisis de datos censales de la población completa de La Cañada junto con un estudio más específico de una muestra de hogares. Para ello, por un lado, se realizaron entrevistas sobre usos y necesidades energéticas y, por otro lado, hubo campañas de medidas de las condiciones del ambiente interior en los hogares, junto con la monitorización temporal de la continuidad del suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada.
El estudio también se refiere al «estigma social y la imagen negativa transmitida de la Cañada, frecuentemente asociada al mercado de la droga en Madrid» y aunque los autores precisan que el mercado de la droga, que se sitúa aproximadamente en un kilómetro dentro del sector 6, «lógicamente puede tener un impacto energético, porque hay una demanda grande de electricidad para las plantaciones de marihuana», puntualizan que ellos no han entrado a tomar medidas en esa zona.
«Pero lo que sí hemos podido medir es el impacto ante una intervención en una plantación de marihuana, con destrucción de la instalación eléctrica de la zona y la consiguiente interrupción del suministro en una determinada zona, que afecta a otros vecinos que viven cerca y que no tienen nada que ver con eso», ha indicado Jorge Martínez.
En este contexto, los investigadores hacen un llamamiento a los departamentos implicados, desde los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030; Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica, hasta la Comunidad de Madrid y los ayuntamoentos de Madrid y RivasVaciamadrid, que tienen diferentes responsabilidades en la regulación del sector eléctrico, la política de vivienda o la prestación de asistencia social para que establezcan una real «garantía de suministro» eléctrico, «arbitrando medidas legales que obliguen a garantizar un suministro mínimo vital familiar, o prioricen medidas habitacionales o ayudas a reformas para garantizar unas mejores condiciones de vida en los hogares de la Cañada».
Los autores del estudio precisan que «parece con bastante verosimilitud que se trata del caso de desconexión global más amplio registrado en Europa en décadas» por lo que piden «acciones urgentes y necesarias a partir de principios generales y derechos humanos», pero también a tenor del compromiso establecido en el Acuerdo Regional para Cañada Real Galiana, el 17 de mayo de 2017, para garantizar los servicios básicos a sus habitantes.
En este sentido, proponen poner fin de forma inmediata a la desconexión del suministro de un amplio porcentaje de la población de La Cañada, restaurando el acceso al suministro al menos en las condiciones anteriores a octubre de 2020, para restituir unas condiciones de vida mínimamente aceptables.
En todo caso, el trabajo pone de manifiesto cómo incluso tener acceso seguro al suministro de energía «no es garantía de confort térmico en el hogar» y advierten de «las inadecuadas características constructivas de muchas viviendas, que generan condiciones de insalubridad incluso en el caso de contar con un suministro energético garantizado». Por ello, sugieren inversiones en la mejora del aislamiento térmico de las mismas.
Finalmente, los investigadores añaden una reflexión final sobre las «dimensiones éticas» del caso de Cañada Real, y advierten de que «la situación de pobreza energética extrema a la que están expuestas miles de personas que viven en la Cañada Real (y sus consecuencias en forma de una mayor segregación y estigmatización como residentes del asentamiento) suponen un daño efectivo a su dignidad como seres humanos».
