Riad ha anunciado que incluso recortará las subvenciones al recibo del agua de sus ciudadanos para afrontar el vaciado de caja fuerte que implica la caída del crudo. La lucha que varias potencias petroleras del Golfo Pérsico mantienen contra el fracking ha comenzado a pasar factura a sus mismas promotoras. Arabia Saudí ha anunciado una insólita ronda de privatizaciones para frenar el galopante déficit y endeudamiento al que ha llegado por no reducir el bombeo de sus pozos de petróleo.
El encargado de trazar la hoja de ruta que evite una posición económica tan comprometida como la que enfrentan naciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como Venezuela y Libia ha sido el Ministerio de Finanzas saudita. Este plan para esquivar el impacto del hundimiento del crudo hasta mínimos de más de una década contempla reformas estructurales, retirada de subvenciones a suministros domésticos y privatizaciones.
Estas iniciativas llegan después de conocerse que según los datos que barajan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la propia Arabia Saudí, el déficit público se habría cuadruplicado este año, hasta alcanzar los 367.000 millones de riyales, unos 89.000 millones de euros al cambio frente a la divisa local. Una cifra que se traduce en un 5,5% del PIB nacional, según las estimaciones del organismo monetario para el cierre de este año 2015 que ya toca a su fin.
Para terminar de dibujar el adverso escenario económico al que se enfrenta Riad, la deuda pública del Ejecutivo saudí ha alcanzado la cota de 142.000 millones de riyales sauditas, unos 34.000 millones de euros. Esta cifra supone un 5,8% del PIB estimado para el cierre anual y además implica un incremento de casi cuatro puntos con respecto al 2% del ejercicio pasado. Un exponencial ascenso que encuentra su origen en el recorte del 46% que han sufrido las arcas públicas del país árabe, que solo por petróleo y derivados ha recaudado un 23% menos que hace un año.
Desde el Ministerio de Finanzas saudí no se ha dudado en apuntar hacia el desplome del petróleo a un precio que califica de “muy bajo” como causa de estos desequilibrios. No obstante, también se ha subrayado el incremento del gasto público derivado del incremento de salarios a funcionarios y militares, más partida para la seguridad social y la jubilación y otros dispendios no recurrentes en “proyectos militares y seguridad” representativos de un 17% de la partida de déficit ya descrita.
Este “desafiante” panorama, como lo describen las autoridades sauditas, cuenta además con la amenaza de una posible ralentización en la recuperación de la economía global. Factor que, para mayor inri, volvería a golpear el precio de un petróleo cuya demanda se diluiría mientras que la oferta se mantendría invariable tal y como la propia Arabia Saudí y algunos de sus vecinos han impuesto en el seno de una OPEP cada vez más dividida.
Con el objetivo de sortearlo, el ministro Ibrahim Abdulaziz al-Assaf ha pergeñado el plan de medidas “económicas, fiscales y estructurales” cuyo objetivo último es reducir en espacio de cinco años la dependencia de las finanzas nacionales de la cotización del petróleo y el devenir de su industria y “asegurar” de este modo “la sostenibilidad a medio y largo plazo”, ha explicado en la presentación del plan estatal de choque que pasa, entre otros puntos, por privatizar varios “sectores y actividades económicas” de monopolio público hasta la fecha así como la “revisión de forma gradual” de las subvenciones al precio de consumo de energía, agua y electricidad para mejorar en “eficiencia en el uso de la energía” y contribuir a la conservación de los recursos naturales y “frenar su malgasto y uso irracional”.
