El Papa impulsa una nueva Ley de Control y Transparencia Financiera que va más lejos que muchas de las vigentes en algunos países que no están considerados como paraísos fiscales. El Papa Francisco ya ha pasado a la historia. Y no sólo por ser el primer Papa que accede al cargo con su sucesor aún vivo en los seis últimos siglos.
No hay duda. Mientras llegan los otros hitos históricos que algunos analistas deducen de sus declaraciones más recientes, como la posibilidad de que los curas casados sigan impartiendo misa, por ejemplo, Bergoglio ha estado más atareado de lo que algunos podrían creer.
Y pase lo que pase a partir de ahora, la reforma del Banco Vaticano que casi ha completado en menos de un año, le asegura una plaza permanente en la posteridad. Lo mismo que la fuerza empleada hasta ahora en reformar la Curia, ese ‘Estado mayor en la Sombra’ que condicionó el mandato de muchos papas y que tampoco volverá a ser nunca lo mismo.
Pero los hechos han dejado claro que los asuntos financieros eran la prioridad de Francisco y, a la vez, hacen que muchos vaticanistas puedan intuir ahora que el verdadero motivo por el que Benedicto XVI decidió dejar sus responsabilidades en manos de alguien más joven y con más energía, estaba oculta en las cajas fuertes del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el verdadero nombre de este Banco Vaticano.
Sólo cuatro meses después de su toma de posesión, el cardenal Bergoglio se encontró con una noticia muy desagradable. La policía italiana había detenido a un alto cargo del Vaticano, monseñor Nunzio Scarano, que intentaba llevarse a Suiza 20 millones de euros en un avión privado.
La reacción de Francisco marcó un antes y después. El Papa dejó solo a Scarano frente a sus responsabilidades civiles y decidió acelerar la reforma del IOR. Algunos periódicos, y medios siempre bien informados sobre lo que acontece en Roma como ’Vatican Insider’, llegaron a asegurar que Bergoglio estaba dispuesto incluso a cerrar el banco.
Cualquier cosa antes que dejar las cosas como estaban. Antes que perpetuar una situación que hacía del IOR el ‘refugio’ favorito de muchos capitales de dudosa procedencia.
La primera andanada llegó a primeros de agosto. Francisco publicó un decreto pontificio, tan claro como suelen ser sus declaraciones sobre temas polémicos, en el que se comprometía a que el Banco Vaticano cumpliera todos los estándares internacionales de transparencia este mismo año.
La semana pasada esta promesa tuvo su reflejo en que, por primera vez en su historia, el IOR publicó sus resultados anuales. Según estas cuentas, la entidad obtuvo un beneficio neto de 86,6 millones de euros.
Sin embargo, aún hay algunos puntos oscuros que necesitan ser explicados. Por ejemplo, el hecho de que sólo estén autorizados a tener cuenta en la entidad, los miembros del clero y los empleados y exempleados del Vaticano. A pesar de ello, hay 13.700 cuentas, no son demasiadas si se tiene en cuenta el número de sacerdotes que la Iglesia tiene repartidos por el mundo.
Lo que no cuadra tan bien es que, sólo en 2012, estos clientes depositaran 6.300 millones de euros y que más de la mitad de ese dinero, 3.200 millones, se corresponda con contratos de gestión patrimonial.
Pero, incluso esas incógnitas pueden estar a punto de ser desveladas. Francisco ha impulsado una nueva Ley de Control y Transparencia Financiera que va más lejos que muchas de las vigentes en la actualidad en algunos países que no están considerados como paraísos fiscales.
Por ejemplo, la norma permitirá que la Autoridad de Información Financiera (AIF), algo así como la gran policía global que lucha contra el lavado de dinero, pueda investigar directamente a los directivos del IOR, cuando le parezca oportuno, y acceder casi al instante a documentos e informaciones sobre depósitos o movimientos que le parezcan sospechosos.
