La gran banca de inversión internacional ha visto en los últimos años cómo la crisis destapaba alguna de sus vergüenzas. Desde el escándalo del Líbor hasta el lavado de dinero del narcotráfico mexicano, pasando por operaciones con derivados de dudosa naturaleza, las principales entidades del planeta tienen ahora que enfrentarse a los reguladores para asumir (económicamente) las consecuencias de sus actos.
De hecho, y tal y como destacaba en un reciente artículo el diario The Wall Street Journal, durante las últimas presentaciones de resultados la mayoría de estos bancos han mostrado cómo aumentaba el ahorro de liquidez para encarar todos los asuntos legales en marcha y, también, los que pudieran sucederse en el futuro.
Es el caso del principal banco suizo, UBS, que ha provisionado a fecha de finales de junio unos 1.737 millones de euros para enfrentar las exigencias de los jueces y reguladores. Un aumento considerable si se tiene en cuenta que en el primer semestre del 2012 esta partida era de tan sólo 472 millones de euros. La otra gran entidad del país alpino, Credit Suisse, ha provisionado 125 millones de euros para usar en litigios legales frente a los 24 millones del año pasado.
El principal banco alemán por volumen de activos, Deutsche Bank, que se ha visto involucrado en varias operaciones con derivados (entre las que destaca la que llevó a la quiebra técnica al italiano Monte dei Paschi di Siena), ha reservado en el segundo trimestre del 2013 unos 630 millones de euros para emplear en costes administrativos, en comparación a los 256 millones de euros registrados en el mismo período del año anterior.
El francés BNP Paribas arrastra una partida de “provisiones para contingencias y cargos” que incluye, entre otros conceptos, el de multas financieras y que asciende hasta los 11.500 millones de euros a fecha de finales de junio, frente a los 10.800 millones de euros registrados un año antes.
En el Reino Unido el Barclays, principal implicado en la manipulación del tipo de interés interbancario conocido como Líbor, ha reservado para enfrentar costes de abogados y posibles sanciones más de 3.700 millones de euros. Hace un año esa cantidad no superaba los 1.200 millones de euros.
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