La huelga general que vive este jueves Portugal, la cuarta que se convoca contra los recortes sociales impulsados por el Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho, ha contado con el respaldo de la clase empresarial lusa, que ha instado al primer ministro a «cambiar el rumbo» con el objetivo de incentivar el crecimiento económico.
Según las informaciones publicadas por los medios locales la patronal lusa está, en esta ocasión, de acuerdo con los grandes sindicatos del país: las autoridades deben detener el énfasis depositado en la reducción de déficit mediante las políticas de austeridad. Precisamente, otra novedad de esta huelga es la convocatoria conjunta realizada por las dos grandes organizaciones de los trabajadores: CGTP (de tendencia comunista) y UGT (de tendencia socialista). El de este jueves es el tercer paro general que organizan ambas centrales sindicales de forma coordinada desde la Revolución de los Claveles, acontecida en 1974. Normalmente, no suelen colaborar en este tipo de protestas.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP), Arménio Carlos, se ha reunido a primera hora de la mañana con los corresponsales extranjeros en Lisboa para pedir públicamente la salida del Ejecutivo y la ruptura de los acuerdos del rescate financiero de Portugal para resolver la crisis del país. «Sentimos el apoyo generalizado de la población en las posiciones que defendemos», señaló el dirigente sindical. Portugal solicitó en la primavera del año 2011 un rescate a Bruselas valorado en 78.000 millones de euros. Pocas semanas después, y con el programa de ayudas ya en marcha, Passos Coelho llegó al poder.
Este paro se convocó en protesta contra la reforma del Estado que prepara el Gobierno luso, a instancias de los organismos internacionales, para reducir aún más el gasto público. Los sindicatos rechazan los recortes previstos del número de funcionarios y de sus costes salariales, así como los cambios del sistema de pensiones. Las centrales responsabilizan a los ajustes y recortes aplicados por el Ejecutivo conservador del fuerte aumento del paro (del 12% al 18%), que ha elevado la población desempleada a unas 900.000 personas de las cuales un 55% no recibe subsidios del Estado.
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