El regulador británico se encuentra bajo fuego cruzado. Teóricamente, este jueves tiene que emitir un veredicto sobre unos productos derivados que la banca colocó a inversores minoristas sin advertir, supuestamente, de todos los riesgos que éstos encerraban. Pero la asociación Bully Banks, que representa a los afectados por estas ventas, teme que la City ejerza presión y consiga así una valoración favorable en el contencioso.
Según ha informado la prensa local, y en concreto el rotativo The Telegraph, esta asociación de afectados (que trata de combatir el lobby bancario en este tipo de cuestiones y que en este caso concreto representa a más de 2.000 personas o sociedades) ha enviado una carta a la FSA pidiendo que no limite la dureza del veredicto, que se espera sea contrario a las entidades financieras.
El caso gira en torno a la venta de productos derivados a miles de pymes, entre las que se incluyen –señala el diario británico a modo de curiosidad- varias tiendas típicas de “fish and chips”. Estos productos se colocaron incluyéndose en la concesión de líneas de crédito, y los receptores no fueron informados de todos los riesgos que encerraba lo que estaban adquiriendo.
Se supone que los derivados adquiridos tenían que protegerles contra una posible subida de los tipos de interés, sin advertir que, de suceder lo contrario, perderían dinero. The Telegraph, explicando lo acontecido, tilda las pérdidas de “enormes” para todos estos clientes. Otra de las quejas es la forma en que estos productos fueron colocados: utilizando vendedores expertos “muy motivados”. Lo que recuerda al argumento que cuenta el director de cine Dominic Savage en la película La Caída, que apareció en cartelera en el año 2009, al poco de comenzar la crisis financiera.
En esta película se relata cómo la codicia de los grandes nombres de la City repercute directamente en las clases más desfavorecidas del Reino Unido. Utilizando –en el filme- a vendedores sin demasiados escrúpulos y cegados por la codicia, los banqueros se aseguran de que cualquier ciudadano británico, sobre todo los de las capas más bajas de la sociedad, contrate hipotecas que quedarían, en un ambiente racional, fuera de su alcance debido a sus costes y a los intereses de los mismos.
Los bancos involucrados en el proceso, según ha informado el diario británico, podrían tener que afrontar costes de 1.500 millones de libras (unos 1.750 millones de euros). Por este motivo, y por el escándalo que supondría para su ya maltrecha reputación, estarían ejerciendo presión desde sus oficinas así como desde el gobierno para que la FSA se muestre benevolente, según expresa el presidente de Bully Banks Jeremy Roe.
