De momento parece que a las entidades se las escucha, o eso dicen los expertos. Algunos de estos observadores han apuntado cómo el ministro de Industria francés, Pierre Lellouche, ya ha tratado de enviar el primer mensaje tranquilizador a los banqueros del Viejo Continente tras instar esta mañana a sus colegas del G-20 a estudiar la implantación de una regulación a escala global sobre el sistema de crédito en las relaciones comerciales internacionales para tratar así de reducir la situación ventajosa de la que gozan los bancos provenientes de los países emergentes en este mercado frente a las grandes instituciones originarias de Europa, que se encuentran en una clara decadencia.
La invitación de Lellouche surge tan sólo un día después de que los bancos franceses hayan aceptado reinvertir el 70% de su capital ya depositado en bonos griegos en ese mismo país durante los próximos 30 años.
Tampoco parece ser casualidad para ciertos analistas que, poco después de que Lellouche haya salido en defensa de «un clima justo en materia de competitividad internacional», haya trascendido a las agencias de noticias financieras de la talla de Bloomberg que el Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel y los principales bancos de este país se encuentren inmersos en negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo similar al pactado ayer en París.
Aunque el caso de Berlín es algo diferente, pues en Alemania, salvo el Deutsche Bank, las otras grandes entidades se encuentran en mayor o menor medida bajo la influencia gubernamental, según ha explicado a EL BOLETÍN el gestor de un hedge fund germano.
El argumento que esgrime actualmente el lobby bancario para tirar abajo lo acordado en Basilea III (que exige a las instituciones financieras un mayor ‘colchón’ de capital, sujeto a un control periódico, para poder afrontar las crisis en el futuro con un blindaje mucho más fuerte) es que actualmente, si acceden a mantener su exposición a las finanzas griegas, sus cuentas se podrían ver seriamente perjudicadas en el caso de impago o quiebra técnica del país.
Según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), las entidades más expuestas a la deuda pública del país mediterráneo actualmente son las alemanas, primero, y las francesas, después. Pero tal y como indicaba hace unos días el actual gobernador del Banco de Italia y futuro presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, los productos derivados vinculados a los papeles soberanos que ha emitido Atenas en los últimos años convierten en misión imposible saber realmente cuántos serían los afectados en el caso de que el castillo de naipes que ahora supone el entramado financiero heleno se derrumbe.
Y este extremo, el del impago, no está descartado aunque Bruselas y ahora también Washington traten por todos los medios de mantener con vida la economía griega. Un objetivo que parece tener más que ver con asegurar que los acreedores de Grecia reciban en el medio plazo el dinero prometido por el Tesoro de Grecia que con el futuro y el bienestar de los propios ciudadanos griegos, según la teoría de un especulador financiero requerido por este periódico que opera desde Suiza.
La pregunta ahora es si los banqueros lograrán que los políticos tumben los requisitos aprobados en Basilea III. La situación es complicada y está llena de incertidumbre. Por un lado el discurso de los burócratas de Bruselas se ha suavizado en los últimos días, temerosos de las protestas ciudadanas y del hartazgo de la población en general.
De ahí que Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea (CE), anunciase hace unos días la creación de una tasa ‘Robin Hood’ con la que los brokers deberán costear sus operaciones dentro del Viejo Continente. No obstante, no es menos cierto que Bruselas arrastra demasiadas promesas sin cumplir: una regulación de los productos derivados, la creación de una agencia de rating alternativa a las ya existentes y de carácter independiente, una mayor vigilancia sobre la industria de los hedge funds, etcétera.
Y, tal y como ha comentado una persona cercana al lobby bancario español, «ni siquiera aquí se ha castigado la negligencia de no haber sabido evaluar el riesgo en muchas cajas de ahorro españolas, cuyos directivos de entonces ahora siguen siendo directivos en las nuevas entidades fusionadas».
