Cuestionan el derecho de Theresa May a negociar el Brexit sin la aprobación del Parlamento

Cuestionan el derecho de Theresa May a negociar el Brexit sin la aprobación del Parlamento

Theresa May, primera ministra de Reino Unido

El Gobierno insiste en que tiene esa autoridad bajo poderes prerrogativos que le garantizan ese privilegio al Gobierno en nombre del rey. Un tribunal británico comenzó hoy a tratar el caso de una impugnación legal al derecho del Gobierno británico y la primera ministra Theresa May a iniciar las negociaciones para salir de la Unión Europea (UE) sin una aprobación del Parlamento.
 
Los abogados de un grupo de demandantes encabezados por la inversora Gina Miller aseguran que May no cuenta con la autoridad necesaria para hacer uso de un antiguo privilegio legal para justificar su decisión de iniciar a negociar el «Brexit» sin un voto del Parlamento.
 
El Gobierno insiste en que tiene esa autoridad bajo poderes prerrogativos que le garantizan ese privilegio al Gobierno en nombre del rey.
 
El opositor Partido Laborista cuestionó el miércoles en el Parlamento el uso de ese privilegio alegando que los precedentes más recientes y la «responsabilidad política del Gobierno requiere llevar sus planes ante el Parlamento».
 
«Los poderes prerrogativos se desarrollaron en un momento en que el rey era señor feudal y jefe de Estado al mismo tiempo (…) pero han cambiado con el tiempo, dejando paso cuando es necesario a las demandas de una mayor responsabilidad democrática», dijo Keri Starmer, secretario en la sombra laborista de asuntos del «Brexit».
 
«Es difícil imaginar una serie de decisiones más importantes con sus graves consecuencias posibles que los términos en que saldremos de la UE», dijo Starmer.
 
Otro caso de impugnación fue iniciado la semana pasada en Irlanda del Norte, donde políticos de varios partidos y activistas alegan que el cambio que se iniciaría con el inicio de las negociaciones sería tan profundo para esa región, que se requiere el consentimiento del Parlamento.
 
May anunció su intención de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones, a finales de marzo.

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