Los Verdes, parte de la izquierda y ONGs entienden que no hay una protección real a periodistas y denunciantes con la nueva norma que se vota el jueves. “A la luz de las recientes revelaciones sobre propietarios de unas 200.000 empresas offshore en Panamá, el Parlamento debatirá sobre la eficacia de las medidas existentes”, se lee en el programa de la Eurocámara para el día de hoy. Solo dos de los ocho puntos de su agenda de esta tarde evaluarán normas como la Directiva contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la evasión fiscal a la luz de la filtración de miles de documentos del despacho Mossack Fonseca.
Dos días más tarde, los miembros del legislativo europeo están llamados a votar su postura en la aprobación de la Directiva europea de secretos comerciales. Es una iniciativa de la Comisión Europea lanzada en 2013 cuyo nombre completo es “Protección de la información empresarial no divulgada en contra de su adquisición ilegal, uso y revelación”. Según la Comisión Europea, el secreto comercial es una toda aquella información valiosa, considerada confidencial, que da a una empresa una ventaja competitiva.
“Las empresas europeas están cada vez más expuestas a la apropiación indebida de secretos comerciales”, argumentaba la UE antes de redactar la directiva que hoy se vota. Entendía necesaria una nueva norma para “armonizar las leyes nacionales divergentes para que las empresas puedan explotar y compartir sus secretos comerciales con socios comerciales privilegiados en el mercado interior”.
Pero para los partidos verdes y parte de la izquierda europea, además de varias plataformas y ONGs, la directiva conlleva una penalización de facto a las filtraciones sobre posibles abusos de empresas y corporaciones. Los papeles de Panamá, además de escándalos anteriores, han puesto sobre la mesa el valor de los denunciantes o “whiste blowers” (“soplones” en inglés). “La norma es una amenaza directa para el trabajo de los periodistas y sus fuentes, los denunciantes, la libertad de expresión de los empleados y los derechos de acceso a la información de interés público”, denuncia la plataforma pro transparencia Corporate Europe Observatory (CEO).
A pesar de que el nuevo texto contempla algunas mejoras en la protección de denunciantes, se critica que sea una protección ambigua y no uniforme: “Esa incertidumbre es lamentable, dada la importancia de los denunciantes en la defensa del interés público”, criticó en enero el grupo verde. Además, la directiva sólo establece normas básicas, pero permite a los socios europeos ir más allá: “Ya en enero de 2015 el Gobierno francés trató de introducir escandalosas medidas penales sobre esta directiva en la ley francesa. Esta desigualdad permitiría a las corporaciones elegir el estado miembro con medidas más restrictivas y desde ahí dirigir sus acciones legales en la UE”, critican.
Denuncian por tanto que se trata de una amenaza a grandes filtraciones de ilegalidades en altas esferas industriales y financieras, algunas de las cuales han estallado no hace mucho: además del PanamáLeak, recuerdan el Dieselgate y el Luxleak, entre otros.
El ‘soplón’ deberá demostrar el «interés público»
Sobre los llamados “soplones” o personas que filtran la información supuestamente irregular sin pertenecer al mundo del periodismo, los detractores de la norma critican que a partir de ahora estas personas estarán solo protegidas cuando se considere que actuaron “con el propósito de proteger el interés público en general” y cuando revelen “un comportamiento indebido, delito o actividad ilegal”.
Los críticos entienden que esa definición deja grandes lagunas, porque recae sobre los propios denunciantes la responsabilidad de demostrar que la filtración se hizo por “interés público”. “La carga de la prueba recae sobre ellos, mientras las grandes empresas pueden permitirse procedimientos legales largos y costosos que por lo general un individuo no puede”, denuncia CEO.
“Los periodistas se verán directamente afectados” denuncia por otro lado la ONG. Entiende que “las empresas tendrán derecho a demandar a cualquiera que publique información que pueda ser considerada secreto comercial”. Aunque la directiva recoge la protección al derecho a la información y de los periodistas a informar, la plataforma entiende que “no existe ninguna garantía de ello”. “Serán los propios periodistas los que tengan que sopesar el riesgo, considerando demandas por daños y perjuicios muy altas”, reivindica. “¿Qué editor de medios se arriesgará a la ruina?”, se pregunta.
El texto lleva en periodo de negociación unos tres años, y el pasado mes de enero se acordó un texto con los dos votos en contra de Los Verdes en la UE, cinco abstenciones de la izquierda europea y 20 votos a favor del resto de grupos presentes en la Comisión jurídica encargada de su redacción. El jueves irá al pleno y es probable que los apoyos se mantengan en la misma proporción, aunque la izquierda está dividida y algunas de sus formaciones, como Podemos, rechazarán la norma.
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