Hasta siete asociaciones civiles en la UE recuerdan que el secreto comercial no permitió a los inspectores alemanes examinar el software de los vehículos diésel. La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó ayer la directiva de Secretos Comerciales de la Unión Europea, texto considerado por hasta siete plataformas civiles de la UE como un ataque a los derechos de los consumidores y pacientes europeos frente a las grandes empresas. Para sus detractores, la propuesta, modificada solo dos días antes, es un producto de la presión de las corporaciones de Estados Unidos y la UE. Denuncian que la nueva ley ha sido escrita, a partes iguales, por funcionarios europeos y lobbistas que han presionado sobre la comisión encargada de redactarla. “Por supuesto, todo esto se ha llevado a cabo discretamente, mientras públicamente se muestra a pymes y start-ups europeas como defensoras del texto”, critican.
La norma ha salido adelante con dos votos en contra de Los Verdes en la UE, cinco abstenciones de la izquierda europea y 20 votos a favor del resto de grupos en la Comisión jurídica. Según la Comisión Europea, el secreto comercial es una toda aquella información valiosa, considerada confidencial, que da a una empresa una ventaja competitiva. “Las empresas europeas están cada vez más expuestas a la apropiación indebida de secretos comerciales”, argumentaba la UE antes de redactar la directiva. Entendía necesaria una nueva norma para “armonizar las leyes nacionales divergentes para que las empresas puedan explotar y compartir sus secretos comerciales con socios comerciales privilegiados en el mercado interior”.
Para sus detractores el resultado es muy distinto: “Las nuevas normas sobre secretos comerciales abren la puerta a abusos de corporaciones sin escrúpulos”, criticaban Los Verdes antes de la votación. Consideran que hay una “definición innecesariamente amplia” de lo que constituye un secreto comercial, por lo que las empresas podrán atenerse a ese principio para eludir la legislación, incluso cuando la información debiera ser de dominio público. “No es un fenómeno nuevo, hay muchos ejemplos: como los inspectores de automóviles alemanes, que no pueden examinar el software de los vehículos diésel porque el Gobierno insistió en la protección de los secretos comerciales del sector”, denuncian.
Según su postura, la directiva sienta un preocupante precedente para los derechos de los trabajadores, cuyas habilidades y conocimientos adquiridos durante un empleo pueden ser considerados secreto comercial. El partido verde europeo admite que la nueva ley incluye algunas mejoras en la protección de los denunciantes, pero destacan una protección ambigua y no uniforme: “Esa incertidumbre es lamentable, dada la importancia de los denunciantes en la defensa del interés público”, y recuerdan como ejemplo las filtraciones de LuxLeaks.
La opinión de las plataformas civiles es similar: consideran que la directiva prioriza el interés privado sobre el público. Critican las ambigüedades en la protección de periodistas y denunciantes, pero también destacan que a norma desprotege a “empleados, consumidores, pacientes, etc. cuya salud puede verse afectada por un caso de mala praxis industrial.
“El impacto jurídico de revelaciones de interés público sobre, por ejemplo, información crucial sobre la seguridad de los medicamentos y su eficacia o datos de ensayos clínicos sigue siendo poco clara”, denuncia el colectivo en un comunicado. Denuncian que toda información corporativa interna se convierte “por defecto en secreto comercial”.
Además, la directiva sólo establece normas básicas, pero permite a los socios europeos ir más allá: “Ya en enero de 2015 el Gobierno francés trató de introducir escandalosas medidas penales sobre esta directiva en la ley francesa. Esta desigualdad permitiría a las corporaciones elegir el estado miembro con medidas más restrictivas y desde ahí dirigir sus acciones legales en la UE”, critican. “Los secretos comerciales no deben protegerse a un precio tan dramático”, concluyen.
