El acuerdo para expulsar refugiados a Turquía incumpliría hasta siete normas y tratados europeos

ACNUR insiste en el incumplimiento de la Convención Europea de DDHH. La Abogacía Española recuerda el resto de leyes que violaría el acuerdo con Ankara. Los propios firmantes del preacuerdo son conscientes de las trabas legales, pero la primera voz en confirmarlo ha sido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Según su director en Europa, Vincent Cochetel, el trato entre la UE y Turquía para deportar a todos los inmigrantes y refugiados que alcancen Europa a través de este país podría violar la ley si no salvaguarda los Derechos Humanos, así como fragmentar las rutas migratorias.

«La expulsión colectiva de extranjeros está prohibida en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos. Un acuerdo que equivaldría a un retorno total de cualquier extranjero a un tercer país no es congruente con el derecho europeo, no es congruente con el Derecho Internacional», ha subrayado Cochetel durante un desayuno en Ginebra.

«Podría llevar a una fragmentación de la ruta”, ha insistido. Considera que mientras el conflicto de Siria no haya sido resuelto “es un mito creer que la gente no intentará marcharse”. El acuerdo, para ACNUR, “puede disuadir a algunas personas de huir a través de esa ruta, pero no disuadirá a todo el mundo», ha advertido el director en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española cifra en siete las normas nacionales e internacionales que incumpliría el futuro acuerdo entre Turquía y Europa: “La Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los propios Tratados de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales y las Constituciones de los Estados Miembros”, enumera. “Todo el bagaje jurídico que hace de la Unión un bastión de los Derechos Humanos se vendría abajo con una medida de esa naturaleza”, denuncia este colectivo.

Los líderes de los miembros de la Unión Europea alcanzaban ayer un principio de acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a «todos los inmigrantes», incluidos los demandantes de asilo sirios, que lleguen a la UE a partir de hoy a través de este país. Esta ruta la usan alrededor del 80% de los refugiados. A cambio, los Estados miembros de la UE reubicarán a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía.

«Expulsiones colectivas radicalmente prohibidas»

En efecto, todo civil que huye de un conflicto armado debe contar con el amparo de la protección internacional en los países firmantes de la Convención de Ginebra. Se rige en Europa por el Protocolo de Dublín, y es la norma que fija que la petición de asilo debe hacerse en el primer país de entrada a la UE. El acuerdo con Ankara debe afrontar un cambio jurídico inmenso, pues Turquía pasaría a ser ese primer estado de solicitud de amparo. Además, un inmigrante sólo puede ser trasladado a un “país seguro”, una consideración de la que Turquía no goza y que requiere de grandes reformas legales en la UE.

Por otro lado, según ha explicado un portavoz de ACNUR, William Spindler, la devolución de solicitantes de asilo a terceros países solo es posible si dicho país asume «la responsabilidad de evaluar la solicitud de asilo», si el expulsado estará «protegido de devolución» y si dicha persona podrá solicitar y ser reconocido como asilado conforme a los estándares internacionales y «pleno acceso a la educación, el trabajo, la sanidad y, de ser necesario, a asistencia social». En cambio, el acuerdo alcanzado por la UE y Ankara se basa en un programa de realojo de refugiados sirios voluntario para los países de la UE.

La Abogacía Española es tajante en este punto: «Cualquier medida de expulsión colectiva está radicalmente prohibida por el Sistema internacional y europeo de Derechos Humanos», denuncia. Recuerda que el Estado de Derecho que define a la UE «significa que el Derecho debe servir de límite y control a la actuación política, que no todo vale para alcanzar los fines inmediatos de ésta, que incluso las conveniencias políticas más acreditadas deben cumplir estricta y rigurosamente con la ley».

El preacuerdo hecho público «vulnera de tal manera el Ordenamiento Jurídico Internacional y Europeo» que la Abogacía Española hace un llamamiento a todo el mundo del Derecho a manifestar «su más radical repulsa a semejante ataque al Sistema Internacional de los Derechos Humanos», ha reclamado el colectivo en un comunicado.

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