El Gobierno griego intentará evitar, al menos, recortes en las pensiones complementarias más bajas. Tsipras comenzará el año con otro reto para su Gobierno. Nada más iniciar 2016, el 3 o 4 de enero, el Ejecutivo heleno deberá presentar a la Cuadriga la reforma de la Seguridad Social que les exigieron como condición para recibir el dinero del tercer préstamo. Un movimiento que pondrá a prueba a Syriza después de las reformas acometidas hace apenas unas semanas bajo la batuta de los acreedores.
El calendario elaborado por el primer ministro consta de una serie de fechas claves: la propuesta del gobierno será presentado al cuarteto de acreedores inmediatamente después del Año Nuevo. El 8 de enero, se espera que los ‘hombres de negro’ viajen a Atenas para discutir y valorar el borrador, con el objetivo de presentar un proyecto de ley al Parlamento antes del 15 de enero.
Uno de los mayores temores del político es la reducción de las pensiones principales, una “línea roja” marcada por el propio Tsipras. Y para evitar esa exigencia concreta de la Cuadriga, desde Grecia proponen, como propuesta alternativa, un posible impuesto a las transacciones bancarias. Un intento que no creen que llegue a buen puerto.
Otra de las preocupaciones del Ejecutivo es una posible reducción de las pensiones complementarias, lo que conducirá a una reducción de los ingresos, según las previsiones del equipo de Tsipras. Y por ello, en Atenas intentarán negociar con la antigua Troika para así evitar, al menos, recortes en las pensiones complementarias más bajas.
Ante este nuevo desafío, el primer ministro celebrará una serie de reuniones con sus diputados para cerrar filas y lograr el apoyo necesario cuando presente ante el Parlamento heleno la reforma pactada de la Seguridad Social.
Un paquete de políticas para minimizar los últimos recortes
A golpe de decreto, Tsipras, en busca de contrarrestar los efectos de las medidas impulsadas desde Bruselas y en un guiño a sus socios de gobierno, ha aprobado una serie de políticas para combatir la pobreza, extender los contratos de bienestar de los trabajadores, renovar el funcionamiento de los centros de ancianos y mejorar la acogida de los refugiados. Unas medidas que se incluían dentro del “programa paralelo” que presentó a los acreedores y que también se ha visto modificado respecto al texto original.
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