Los eurodiputados del PSOE apoyan la postura de los conservadores, a diferencia de los socialistas franceses, austriacos y belgas. La división del grupo socialista europeo respecto al Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) se volvió a hacer patente durante la votación de ayer. Aunque los socialistas y demócratas dieron en sí junto a los conservadores al texto que representará la postura común del Europarlamento, el voto nominal a cada una de las enmiendas presentadas refleja que el S&D (grupo de los socialistas en la UE) sigue sin tener una postura común respecto a uno de los temas más controvertidos.
Se trata de la enmienda que pedirá que el acuerdo de libre comercio sustituya el ISDS (mecanismo de arbitraje privado empresa-Estado) por una mediación en manos de jueces. Es la número 117, y para la izquierda europea y más del 30% de los socialistas, equivale a dar vía libre al arbitraje privado: no especifica si los nuevos tribunales son públicos y mantiene, según los críticos, un lenguaje ambiguo que no es firme en la petición.
Los socialistas críticos son 69, frente a los 191 miembros del S&D. Son eurodiputados austríacos, belgas y franceses, que en pasadas votaciones en el Europarlamento venían manifestando su desacuerdo con esta fórmula para que las empresas puedan dirimir sus diferencias ante los Estados en el ámbito del nuevo tratado de libre comercio.
Aunque el texto no es vinculante y en su totalidad sí salió adelante con 436 votos a favor y 241, los grupos más críticos han tildado el sí de los socialistas como muestra de que hay una “Gran Coalición” en Europa para defender los intereses de las grandes multinacionales frente a las demandas de la sociedad civil. Desde el S&D justifican su postura recordando que el texto final debe votarse de nuevo en la Eurocámara, por lo que será posible rechazarlo si no incluye la petición de la enmienda 117.
En adelante, el calendario es incierto. Aunque Barcak Obama necesitaría acelerar los trámites para aprobar el TTIP antes del fin de su mandato en 2016, no hay fechas cerradas para la conclusión de las negociaciones.
Literalmente, la enmienda dice: “…asegurar que los inversores extranjeros son tratados de manera no discriminatoria y garantizando a su vez que no dispongan de mayores beneficios que los inversores nacionales, y reemplazar el sistema ISDS por un nuevo sistema de solución de controversias entre inversor y Estado que está sujeto a los principios democráticos y un escrutinio en el que los posibles problemas sean tratados de manera transparente por jueces profesionales, independientes, nombrados públicamente y en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación que asegure la coherencia de las decisiones judiciales, se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros y donde los intereses privados no puedan socavar los objetivos de la política pública”.
