Los acreedores institucionales exigen a Atenas que elimine este año 6.500 empleos públicos, como parte del gran desmantelamiento de 25.000 funcionarios entre 2013 y 2014. Los representantes de la Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- han finalizado este martes la primera parte de su nueva evaluación del programa de ajuste griego sin conseguir un acuerdo con el Ejecutivo de Atenas sobre los principales temas candentes.
Por este motivo los representantes de la tríada de acreedores regresarán a la capital helena el próximo día 26, una vez publicadas las pruebas de resistencia de los bancos. Mientras tanto permanecerán en Atenas los asesores técnicos de la Troika.
Uno de los temas en los que no se ha alcanzado ningún acuerdo fue en los despidos en el sector público, a pesar de que la Troika cuenta con el apoyo del ministro de Reforma Administrativa, Kyriakos Mitsotakis, quien, sin embargo, se ha topado con la resistencia de algunos de sus colegas, como el ministro de Interior, Aryiris Dinópulos. La Troika exige eliminar este año 6.500 empleos públicos, como parte del gran desmantelamiento de 25.000 puestos de trabajo públicos entre 2013 y 2014.
Tampoco fue posible en la reunión de los líderes de la Troika con el ministro de Finanzas, Gikas Jardúvelis, alcanzar un consenso sobre cómo solucionar el gran problema de las deudas morosas de las empresas con el Estado, la seguridad social y los bancos, que totalizan 40.000 millones de euros.
Un alto funcionario griego presente en la reunión explicó hoy a los medios que la troika exigió «una solución para la totalidad de las deudas morosas», es decir también las de los particulares, algo que -reconoció- «complica el problema». La suma total de las deudas morosas asciende en estos momentos a 150.000 millones de euros.
