Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior
La Secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, resolvió hace varias semanas la situación administrativa de los cuatro agentes condenados en la región de Murcia por un delito de homicidio por imprudencia profesional y por otro de detención ilegal.
El Boletín Oficial del Estado del 25 de diciembre de 2018 publicó la resolución acordada hace varias semanas y que deja a Raúl Aguado Rodríguez, José Antonio Costas Guerrero, Rubén Manuel Forné Solano y José Carlos Mateos Luján sin la condición de funcionario de la que disponían.
La secretaria de Estado declara la pérdida de la condición de funcionario de los cuatro agentes de la Policía Nacional por las penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el desempeño de empleo y cargo relacionado con la seguridad pública o privada a las que fueron condenados.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cartagena, en Sentencia número 182 de fecha 9 de octubre de 2017, ya firme, condenó a los agentes como autor de un delito de detención ilegal, a las penas de dos años de prisión y dos años de inhabilitación absoluta; y de un delito de homicidio por imprudencia profesional, a las penas, entre otras, de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio profesional como miembros de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cualquier oficio o cargo relacionado con la seguridad pública o privada durante dos años.
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