Calculo de impuestos
Los impuestos digitales enfrenten problemas de arbitraje fiscal internacional, presiones comerciales y efectos sobre consumidores y empresas.
La creciente digitalización de las distintas economías mundiales a lo largo de estos últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, ha planteado la necesidad de gravar los servicios y productos tecnológicos de empresas que, pese a obtener pingües beneficios de ellos, no generan riqueza en el país al no tener presencia física allí.
Para este fin se crearon los denominados “impuestos digitales”: tributos que se aplican a los ingresos generados por los servicios digitales que prestan las grandes tecnológicas que no necesitan estar presentes físicamente en un país.
Y es que muchos modelos tributarios “de toda la vida” han quedado desfasados frente a gigantes tecnológicos como Google, Meta, Amazon, Apple y Microsoft (las llamadas GAFAM), cuyos ingresos no dependen tanto de dónde tienen sus oficinas o plantas, sino de dónde se encuentran sus clientes.
Uno de los principales problemas para aplicar este tipo de impuestos es la presión de determinados países, que no ven con buenos ojos estas actuaciones contra sus empresas. Un ejemplo claro lo tenemos en EE.UU., donde la amenaza de aranceles compensatorios ha llevado a países como Canadá a dar marcha atrás en su propuesta de impuestos digitales.
Para evitar esto, sería necesario buscar medidas fiscales globales mediante acuerdos multilaterales, algo que ya está promoviendo la OCDE. Lo que está claro es que, sin consenso, la aplicación unilateral de este tipo de impuestos llevará, casi con total seguridad, a una fragmentación normativa que no beneficia a nadie.
Otro desafío importante es el efecto de los impuestos digitales sobre los usuarios finales o pequeñas empresas, a quienes se acaba trasladando el coste de estos impuestos por parte de las grandes corporaciones, que aumentan el precio de sus servicios.
La tendencia creciente a aplicar estos gravámenes a transacciones, productos digitales y gastos de plataformas globales, más allá de los meros servicios de publicidad, podría afectar a las estructuras de costes de servicios que van desde plataformas de streaming, cloud software e incluso tiendas online y operadores de iGaming, como los casinos online que pagan más rápido, especialmente si se busca gravar pagos o comisiones.
Más allá de riesgos y tendencias, lo cierto es que parece que los impuestos digitales han venido para quedarse. Estos son algunos de los que se están aplicando en la actualidad, con mayor o menor éxito:
Este impuesto grava los ingresos generados por actividades digitales específicas dentro de un país. Entre estas actividades se regulan la publicidad online o la venta de datos de usuarios.
Entre los países que aplican esta polémica tasa se encuentra Reino Unido, que en abril de 2020 estableció un impuesto del 2% sobre los ingresos de motores de búsqueda, redes sociales y ciertos marketplaces. En general, el motivo de esta DTS es tasar los servicios que generan valor de los usuarios británicos. Y es que, ya se sabe: “cuando algo es gratis, es que el producto eres tú”.
Otro de los países que lleva unos años aplicando este impuesto, desde 2019 concretamente, es Francia. Recientemente, el Consejo Constitucional francés confirmó la validez de este gravamen del 3%, aplicado a los ingresos de grandes tecnológicas.
El dictamen del Constitucional francés, en respuesta a una demanda del grupo alemán Axel Springer, supuso una importante victoria para el gobierno francés, que lleva años batallando este impuesto frente a las GAFAM y, últimamente, el presidente de EE.UU. Donald Trump. No hay que olvidar que esta tasa supuso unos ingresos para las arcas del estado de más de 750 millones de euros en 2024.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), conocido popularmente como “tasa Google”, es muy similar a la DTS, ya que grava prácticamente los mismos servicios (publicidad online, intermediación, compraventa de datos).
En España este impuesto es del 3%, y entró en vigor en enero de 2021. Está dirigido a empresas con ingresos globales de más de 750 millones de euros y más de 3 millones de euros derivados de prestaciones de servicios digitales a usuarios situados en territorio español.
Algunos países, entre ellos España y México, aplican el IVA a productos digitales, como las descargas de e-books, aplicaciones o software, así como a servicios digitales de consumo local, como las suscripciones a plataformas como Netflix o Spotify. También se aplica a las compras en plataformas extranjeras, como Amazon o Aliexpress.
Entre los gobiernos que están moviendo ficha para establecer sus propios impuestos digitales está Polonia, que planea una tasa de hasta el 3% para empresas del sector con ingresos globales superiores a los mil millones de euros anuales. Los negocios afectados, como en el caso de la DTS y la IDSD, serían aquellos dedicados a la publicidad online y venta de datos.
Italia, por su parte, prevé eliminar los umbrales mínimos de su DTS y ajustarlos al alza para equipararse a otros países con esta tasa, llegando así al 3%.
La otra cara de la moneda la encontramos en Kenia, que en 2025 redujo su 3% de DTS al 1,5%, para beneficiar a sus creadores de contenido y emprendedores online; y en la India, que planea retirar los gravámenes del 6% sobre publicidad digital para reducir las tensiones comerciales con Estados Unidos, aunque sigue aplicando un Impuesto de Bienes y Servicios (Goods and Services Tax o GST) a los servicios digitales.
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