Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González quedó con la mayor parte de las comisiones por la sobredimensionada compra de la empresa Emissao por parte del Canal Isabel II, una de las piezas principales del caso Lezo. Lo revela eldiario.es porque así lo ha confesado ante el juez el arrepentido Diego García Arias después de que este haya empezado a colaborar con los investigadores y delatar a sus compinches.
Cuenta el digital que dirige Ignacio Escolar que Diego García Arias, durante cinco años gerente de Expansión y Nuevos Negocios de Inassa (la matriz del Canal en Sudamérica), “ha confesado al juez Manuel García Castellón el reparto del botín: 1,8 millones de euros para él, el doble de lo que recibirían cada uno de sus cuatro compinches. En total, 5,4 millones de euros por haber gastado 21 millones de dinero público de la empresa de aguas madrileña en una sociedad brasileña que apenas costaba cinco».
Y explica que Fue a principios de este mes de noviembre cuando una comisión judicial encabezada por el magistrado Manuel García Castellón viajó a Colombia para escuchar a García Arias. En una sala de la cárcel de La Picota, donde se encuentra recluido el arrepentido, los investigadores españoles escucharon un relato prolijo. El ‘hombre de los maletines’ de Inassa quería salir de la cárcel. Además de hablar se comprometía a devolver los 900.000 euros que le tocaron en el reparto del pelotazo, han informado a eldiario.es fuentes del caso.
Los otros beneficiarios habrían sido, siempre según su relato, el expresidente de Inassa y mano derecha de González, Edmundo Rodríguez; el íntimo del expresidente madrileño y delegado del Gobierno en Ceuta en tiempos de Anzar, Luis Vicente Moro; y el que fuera gerente general de la sociedad Triple A colombiana (participada al 67,9% por el Canal) Ramón Navarro Pereira. Todos ellos están investigados en la operación por el saqueo del Canal de Isabel II en tiempos del Gobierno autonómico del Partido Popular.
Durante el viaje a Colombia del juez García Castellón, el fiscal Carlos Yáñez y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se recabó documentación que viaja en valija diplomática a Madrid con el fin de que se incorpore al sumario de la Operación Lezo. El objetivo principal de los investigadores ahora es recuperar ese dinero, desviado a través de empresas tapadera y cuentas en paraísos fiscales.
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