Iglesias anuncia un foro consultivo con sindicatos, empresas y sociedad civil para mejorar la economía de los cuidados

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, se desinfecta las manos durante el acto de clausura de la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES)
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Share on email

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado que «en los próximos días» el Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030 va a constituir un foro consultivo para este eje de economía de los cuidados en el sector de la dependencia en el que estarán representadas las organizaciones sindicales y empresariales así como otras organizaciones de la sociedad civil y expertos en este ámbito.

Iglesias ha formulado este anuncio durante su intervención en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre ‘El sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’.

En el acto ha expresado que, en su opinión, construir el cuarto pilar del estado del bienestar en España es «básicamente un problema político» que tiene que ver con creer o no en la Constitución Española a la que ha definido como «un documento político que fija objetivos».

Así, ha defendido la importancia de «no despolitizar» la cuestión porque es un problema «básicamente político» y en el que ha puesto como referencia de solución a los sistemas de los países nórdicos.

En estos momentos, estima que España tiene «una oportunidad» con la llegada de fondos europeos en este momento «lleno de tensiones pero también de oportunidades» para construir el cuarto pilar del sistema de bienestar que tiene que ver con la asistencia al sector de dependencia y la economía de cuidados para las que hay que «redefinir el papel de intervención del Estado» y de todas sus administraciones.

Iglesias ha destacado en este contexto el papel «determinante» que tendrán en el futuro los Ayuntamientos en el sistema de dependencia y ha defendido que su Vicepresidencia va a tener un papel importante en la «oportunidad de construir una democracia mejor» pues, en su opinión, la calidad democrática no consiste solo en la capacidad de elegir a sus élites políticas sino de la capacidad de las democracias de proteger a sus ciudadanos.

El vicepresidente ha añadido que la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia de lo público, porque desde los que quitan la nieve o los que atienden a dependientes son trabajadores públicos que «marcan la diferencia» y hay que darles «un 10» pues en condiciones muy precarias recuerdan que la calidad democrática se mide por la calidad de sus cuidados sociales.

Iglesias ha presentado el informe del CES justo una semana después de que el Consejo Territorial de Servicios sociales haya aprobado un Plan de Choque en dependencia que «va a suponer una inyección económica y un ambicioso plan de mejora y reformas del sistema de dependencia» y que permitirán dejar «de una vez atrás» políticas de austeridad y recortes que se aplicaron tras la crisis de 2008 y que «debilitaron» la calidad democrática del sistema social.

Para el vicepresidente aquellas políticas fueron «injustas e ineficaces» frente a su plan de choque que asegura que permitirá reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema de dependencia y ha subrayado que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones empresariales.

«¡Quién iba a decir que los Ministerios gestionados por los terribles bolcheviques de Unidas Podemos iban a ser una referencia en acuerdos sociales entre los empresarios y sindicatos!», ha ironizado.

Respecto a los problemas «evidentes» en la atención a dependientes que se arrastran se revertirá, según Iglesias, con la propuesta de «plan de choque» presentada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para recuperar la financiación del Estado anterior a los recortes desde 2012 y que habían producido un «enorme sufrimiento social».

Ese plan de choque finalmente pactado la semana pasada pasará por incrementar la financiación y estima un impacto presupuestario de un aumento al menos de 600 millones de euros respecto a 2020 y en próximos años, hasta 3.600 millones.

Con ello confía en que se logrará reducir las listas de espera que en la actualidad tienen a más de 200.000 dependientes sin prestación; se asegurará que las condiciones laborales y salariales de quienes trabajan en el sistema de dependencia son adecuadas e introducirá mejoras en servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de personas dependientes sobre todo con servicios profesionales de calidad.

El vicepresidente segundo también ha explicado sus actuaciones a corto y largo plazo en materia de dependencia en el marco del ‘plan de choque’ del sector con el que aspira a cumplir «uno de los retos del acuerdo de legislatura» que es el desarrollo del cuarto pilar del estado del bienestar y el refuerzo de las políticas de cuidados.

Para ello, se pondrá en marcha una estrategia nacional de «desinstitucionalización» para promover la atención domiciliaria siguiendo el modelo de los países nórdicos, reforzar y modernizar los servicios sociales para hacer de España «un país más accesible».

EL SECTOR PIDE MÁS COORDINACIÓN

La intervención de Iglesias ha tenido lugar durante la presentación del informe del Consejo Económico y Social de España (CES) ‘Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia’, que reclama una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para mejorar la lucha contra la pandemia.

Entre sus conclusiones, subraya que el coronavirus ha puesto sobre la mesa las «notables» carencias en información y evaluación de la dependencia y recomienda aumentar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; mejorar sustancialmente el propio sistema de información del SAAD y articular mecanismos permanentes, transparentes e independientes de evaluación de la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema.

En cuanto a la reactivación del diálogo social en el sector, el CES –un órgano consultivo del Gobierno– estima que brinda la ocasión para abordar de manera consensuada estrategias de coordinación sociosanitaria en el marco del SAAD. Otra de sus reclamaciones pasa por integrar la perspectiva de género y superar las desigualdades existentes entre territorios.

El CES asegura que toda mejora de la atención revertirá favorablemente en la igualdad entre sexos, puesto que entre los mayores de 80 años hay más del doble de mujeres que de hombres. En concreto, las mujeres suponen el 65% de los beneficiarios del SAAD y constituyen el grueso de las personas que proveen los cuidados a la población dependiente (más del 85% de los ocupados en el sector). Por otro lado, reclama un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios en el mundo rural.

De cara al futuro, el CES cree que, una vez superada la emergencia, urgirá revisar en profundidad el sistema de cuidados a las personas dependientes para resolver problemas entre los que destacan las «listas de espera», cuya reducción constituye una prioridad en el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. En este contexto, lamenta que casi un 20% de la población en situación de dependencia reconocida no reciba atención. Y que unas 400.000 personas se encontraran en 2019 a la espera de ser valoradas o, estándolo ya, de recibir su correspondiente atención.

El informe también advierte del riesgo de «sustitución» de las prestaciones residenciales (servicios profesionalizados, con alto coste unitario) por cuidados familiares (prestaciones económicas, con coste muy inferior para las administraciones).

España cuenta con 1,1 millones de personas dependientes con ayudas, el 3% de la población. De entre ellos, el 6% es menor de edad; el 21,5% tiene entre 18 y 65 años. En total, el CES recuerda que en 2019 se le había reconocido el derecho a la atención a la dependencia a 1,3 millones de personas, según datos del SAAD.