En concreto, se trata de una línea que recorrerá 1.500 kilómetros de líneas de 600 kV y una capacidad de 3.000 megavatios (MW) entre la subestación de Kimal, en la región de Antofagasta, y Lo Aguirre, en la región Metropolitana.
El consorcio está conformado por la española, que ostenta un 60% de la participación, junto a Celeo –participada por la española Elecnor– y el fondo de pensiones holandés APG.
En el comunicado, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán ha destacado su buena relación con Elecnor, con la que «colabora en numerosos proyectos nacionales e internacionales y con una experiencia de más de una década en el país», en el que ha construido más de 1.000 kilómetros de líneas e infraestructura de redes eléctricas.
El proyecto incluye la construcción de dos estaciones convertidoras de corriente continua (LCC por sus siglas en inglés), que cuenta con tecnología probada de Siemens similar a la utilizada en la línea Western Link, operada por Iberdrola en el Reino Unido.
Estas estaciones permitirán la evacuación de energía renovable en las regiones de mayor demanda. Asimismo, contempla otros tramos de enlace de corriente alterna y trabajos de mejora de las subestaciones existentes.
El proceso de licitación iniciado hoy, con la presentación de las ofertas, culminará con la selección de consorcio ganador el 13 de diciembre de 2021. La puesta en servicio de la línea se estima en 2028.
De resultar ganadora, Iberdrola iniciaría su actividad en una nueva plataforma de crecimiento internacional, Chile, después de reforzar en el último año y medio su posición en mercados core y entrar en otros países europeos y de Asia Pacífico.
Iberdrola ha enfatizado su papel activo en la transición energética. En este marco, ha resaltado su plan de inversión de 150.000 millones de euros en la próxima década, con los que triplicará la capacidad renovable y duplicará los activos de redes.
Casi la mitad de este volumen de inversión irá destinado a la actividad de redes eléctricas, con el objetivo de dar continuidad a su despliegue internacional, consolidar una sólida red de distribución y dotarla de flexibilidad, en base a un ambicioso proceso de digitalización como elemento clave para responder a las necesidades futuras del sistema eléctrico.
A 2025, los activos regulados se elevarán a 47.000 millones y se situarán principalmente en países con Rating A. A 2030, la compañía prevé multiplicar por dos el valor regulado de sus activos de redes, hasta los 60.000 millones de euros.
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