En el último año, ha aumentado un 5% el número de solicitantes del bono social, que permite disfrutar de un descuento en la factura eléctrica que es sufragado por las compañías.
A finales de marzo, el Gobierno anunció una nueva regulación que, según sus cálculos, podría ampliar en 600.000 las familias usuarias del bono social. Este régimen se otorga siguiendo básicamente criterios de renta y solo se puede disfrutar si se tiene contrato en la tarifa regulada PVPC, fijada por el Ejecutivo.
Los clientes de PVPC (que representan solo el 10% de la energía consumida en España por particulares) son los que se han visto afectados en los últimos meses por las subidas de los precios del mercado mayorista eléctrico. Se da la circunstancia de que España es excepción en Europa en el que la tarifa regulada está referenciada al mercado mayorista.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado recientemente la revisión del mecanismo de cálculo del bono social sobre este precio del PVPC. Según sus datos, 1,2 millones de clientes se pasaron el año pasado del PVPC a una tarifa fija en el mercado libre.
En este punto, Iberdrola ha facilitado el acceso a este mecanismo de ayuda en todo el territorio para personas vulnerables a través de su comercializadora de referencia, Curenegía.
Para facilitar la agilidad en las gestiones, Iberdrola colabora asimismo con proyectos de tecnologías avanzadas para la tramitación del bono social. Así, a través de la red impulsada por PwC, la energética ha participado en el desarrollo de una solución tecnológica blockchain para ayudar a gestionar tanto la identificación de los beneficiarios del Bono Social Eléctrico, como la tramitación de las solicitudes.
El despliegue de cobertura de bono social Iberdrola por comunidades autónomas está referenciado de acuerdo con los territorios en los que está más asentada; por número de clientes figuran Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.
