La iniciativa llega tras años de denuncias, conflictos judiciales y una sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, aún pendiente de resolución definitiva.
El movimiento busca coordinar a miles de arrendatarias en toda España y presionar al modelo de negocio de la compañía en un contexto de creciente tensión por el acceso a la vivienda.
Antes de lanzar la convocatoria definitiva, la organización recorrerá las cerca de 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en España para informar y organizar a las inquilinas.
La campaña arranca tras años de denuncias y una sanción millonaria aún sin resolver
Acusaciones de prácticas abusivas en el alquiler
Desde la Confederación denuncian la existencia de honorarios ilegales, la imposición de seguros y suministros vinculados a empresas del mismo grupo y la falta de mantenimiento en las viviendas.
Además, señalan prácticas como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda, una cifra que, según afirman, se exige a los potenciales inquilinos antes de formalizar el alquiler.
Las organizaciones aseguran que ya cuentan con cientos de familias organizadas, muchas de ellas afectadas directas que han acudido a los sindicatos tras años de conflictos.
Las organizaciones denuncian cobros indebidos y prácticas estructurales contrarias a la ley
Impacto económico del acceso a la vivienda
Uno de los principales ejes de la protesta es el coste creciente del acceso al alquiler. Según denuncian, cada ciclo de cambio de vivienda obliga a desembolsar más de 4.000 euros por persona para acceder a un nuevo contrato de alquiler, incluyendo fianzas, honorarios y otros gastos asociados.
| Concepto asociado al alquiler | Coste estimado en euros |
|---|---|
| Honorarios y gestiones | Hasta 200€ por visita |
| Entrada a vivienda | Más de 4.000€ por contrato |
| Sanción a Alquiler Seguro | 3.600.000€ |
Un conflicto judicial que se alarga hasta 2028
El origen del conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas de Madrid presentó una demanda judicial y una denuncia ante Consumo por cláusulas abusivas, cobros ilegales y vulneración de derechos.
Aunque esta denuncia derivó en la sanción millonaria, el proceso judicial principal no comenzará hasta febrero de 2028, lo que, según la Confederación, evidencia la lentitud del sistema.
La organización considera que ni la vía judicial ni la sanción administrativa permitirán reparar los perjuicios ya sufridos por los inquilinos.
El juicio contra la inmobiliaria no comenzará hasta 2028, lo que ha impulsado la vía de protesta
Una huelga sin fecha pero con apoyo creciente
La campaña se desarrollará por fases y la convocatoria de huelga será sometida a votación en asambleas de inquilinas una vez finalice la fase informativa.
Por el momento, no hay fecha concreta de inicio, aunque la Confederación asegura que el modelo de negocio de la empresa podría verse gravemente afectado si la huelga se materializa.
Además, otras organizaciones como el Sindicato de Vivienda de Murcia, LAB Etxebizitza o Derecho al Techo se han sumado a la iniciativa, ampliando su alcance territorial.
La Confederación, que agrupa sindicatos de más de una docena de territorios como Madrid, Cataluña o Valencia, busca convertir este conflicto en un movimiento estatal contra los abusos en el mercado del alquiler.
El crecimiento del movimiento coincide con el aumento sostenido de los precios de la vivienda en España y la presión sobre los inquilinos en los últimos años.
