Observatori DESC busca una condena de Naciones Unidas que obligue a revisar la legislación española en materia de vivienda. La ONG Observatori DESC quiere denunciar ante los organismos internacionales la situación de miles de familias que han sido desahuciadas sin realojo en España por lo que, tal y como podemos leer hoy en cronicaglobal.com prepara una demanda ante Naciones Unidas por “vulneración de derechos” de las personas que son privadas de un lugar donde vivir. Dicha organización es considerada por algunos medios de comunicación, como el diario El País, como la cantera de la alcaldesa de Barcelona, ya que la regidora y cinco miembros de su equipo municipal han estados vinculados a dicha ONG, recordando que Ada Colau trabajó siete años en el Observatorio DESC (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) desde 2007 hasta febrero de 2015.
Este digital explica que la ONG catalana prepara una demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por “vulneración de derechos” de desahuciados por impagos hipotecarios, para lo cual “ya cuenta con una decena de casos e informa que la entidad estima que el “realojamiento deficiente” de estas personas podría vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es signataria y que entró en vigor en 2013.
Una iniciativa que Marc Serra, jurista y miembro del Observatori DESC define como “una vía más para denunciar los lanzamientos hipotecarios. Están las movilizaciones de la PAH, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al Parlament catalán y otras. La denuncia es un paso más para garantizar el derecho a la vivienda en España”, explica la activista.
Asegura el citado medio online que “los casos que se elevarán al Comité de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son vinculantes –y que el Reino de España tendría que incorporar a su legislación– están en fase de estudio” y añade que el Observatori espera presentar la documentación durante el primer trimestre de 2016.
Y hace notar para previamente la ONG ha hecho un llamamiento por redes sociales para recabar casos de desahuciados a los que los servicios sociales de los municipios “han realojado de forma deficiente”.
“En el caso de las ejecuciones hipotecarias, una condena de la ONU sería relevante y determinante. Obligaría a revisar la legislación en materia de vivienda, también la autonómica”, avisa el letrado.
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