“Los resultados son muy positivos”, ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes.
Ayer finalizó el plazo tope para el pago anticipado de los impuestos, que se corresponde con la mitad de lo previsto para todo el año. Así, las entidades financieras y energéticas han tenido que ingresar, en concepto de pago anticipado de dicha prestación, el resultado de multiplicar el porcentaje del 50% sobre el importe de presentación calculado, según Europa Press.
A la luz de estos primeros datos, la titular de Hacienda prevé que se superarán los 3.000 millones anuales -en 2023 y 2024- inicialmente estimados sobre la recaudación de estos tributos temporales.
El pago se produce días después de que la Audiencia Nacional rechazara suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla los modelos para la declaración y pago anticipado de los impuestos temporales para las empresas energéticas y los bancos, solicitada por Repsol.
Cabe recordar que la autoliquidación definitiva de los nuevos tributos (con el pago del 50% restante) se presentará del 1 al 20 de septiembre -con domiciliación bancaria del 1 al 15- en formato electrónico con los modelos 795 para el gravamen temporal energético y 797 para el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito.
Montero critica a Madrid y Andalucía por recurrir el impuesto a grandes fortunas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado este martes a las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, por recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a grandes fortunas sólo para defender “a una minoría” de contribuyentes.
“Lo que hacen Madrid y Andalucía es defender a una minoría de contribuyentes que son los que más capacidad económica tienen, lo digan como lo digan y lo disfracen como lo disfracen en términos competenciales”, ha subrayado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La titular de Hacienda ha afirmado que el Gobierno está “absolutamente seguro” de la constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas, que actuará en aquellas regiones donde el Impuesto sobre Patrimonio se haya eliminado o se bonifique, como es el caso de Madrid y Andalucía.
“Están defendiendo, como hace siempre el PP, a una minoría frente al refuerzo de la sanidad pública, la educación o la dependencia, que es lo que corresponde formular a los gobiernos autonómicos y evitar esa ola de malestar que existe en esas comunidades por el deterioro de los servicios públicos”, ha remarcado Montero.
En este sentido, ha indicado que, en el caso de Andalucía, el 0,2% de los contribuyentes tributaban por el Impuesto sobre Patrimonio, lo que permitía recaudar a la Junta 120 millones de euros sólo por esta figura fiscal. Su eliminación, ha criticado Montero, “supone un regalo fiscal de más de 6.000 euros a personas que tienen un patrimonio de más de 2,5 millones de euros”.
