Activistas de Greenpeace ante la sede de ACS en Madrid.
Greenpeace ha cortado el agua a ACS. Los ecologistas han acudido este viernes a la sede en Madrid de la empresa de Florentino Pérez, presidente también del Real Madrid, para protestar contra el proyecto hidroeléctrico que restringe el acceso al agua de más de 29.000 indígenas quekchí en Guatemala. Y lo han hecho dejando a ACS sin agua.
Su filial Grupo Cobra, explica Greenpeace en un comunicado en su web del activista Miguel A. Soto, “ha destruido el curso de un río y se ha ejecutado sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados”. Esta empresa, continúa, ha participado “como subcontrata en varias fases del complejo hidroeléctrico RENACE, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón a lo largo de 30 kilómetros”. Además de “las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y los fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo”.
A todo esto hay que sumar, aseguran, la “reducción drástica” del caudal del río que ha conllevado “la merma del derecho al acceso al agua potable” para las comunidades que viven en esta cuenca fluvial.
Asimismo, Greenpeace denuncia que este tipo de proyectos “suelen ir asociados a la criminalización y persecución del movimiento de oposición a estas infraestructuras”. De esta manera el pasado 30 de enero fue detenido en Guatemala Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo quekchí que se opone a los megaproyectos hidroeléctricos. Aún está encarcelado a la espera de juicio.
Para los ecologistas ACS “no puede obviar los acuerdos voluntarios firmados o de los que el Estado español forma parte” y recuerda que, según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, “la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas ellas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura”.
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