Goldman quiere devolver viviendas sociales pero el Gobierno de Ayuso lo rechaza

Los inquilinos de Encasa Cibeles en la Comunidad de Madrid no salen de su asombro. El fondo buitre formado por Goldman Sachs y Azora ha enviado a muchos de ellos un mail en el que les comunica que quiere entregar sus viviendas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, según denuncia la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), se niega a ello y persiste en el pulso judicial.

El pasado día 16 de octubre muchas familias inquilinas del fondo Encasa Cibeles SL recibieron una “comunicación insólita” por correo electrónico. No era otra que su voluntad de entregar sus viviendas a la Comunidad. “Ya no le sale rentable seguir expulsando a las familias”, afirma la mencionada plataforma en una nota en la que destaca que estos siete años de “lucha” dan sus frutos.

En 2013, el Gobierno madrileño, bajo el mandato de Ignacio González, “orquestó la mayor venta de viviendas públicas y sociales de la historia contemporánea con sus inquilinos dentro”, recuerda la PAVPS. Esto supuso que “a cambio de 201 millones de euros se entregaron al fondo de inversión Goldman Sachs un total de 2.953 viviendas (32 promociones por toda la región) con el argumento de que aquella venta era necesaria para no incurrir en déficit”.

Tiempo después, en 2018, la operación de venta de las casi 3.000 viviendas “fue anulada en bloque, aunque hubo que esperar a junio de 2020 para que esta decisión fuera declarada firme por el Supremo”. No obstante, lamentan los afectados, el pasado septiembre el Consejero de Vivienda de la región, David Pérez, aseguró que cumplirán la sentencia de nulidad de la venta sólo para el inquilino que obtuvo la sentencia favorable y no para el resto de afectados.

Ahora el mencionado fondo buitre parece decidido a tirar la toalla, aunque no la Comunidad. A Encasa Cibeles “ya no le interesa seguir librando una guerra que puede perder y que le va a desgastar muchísimo”, sostiene la plataforma, que señala que “le puede salir más rentable que le devuelvan el dinero y exigir daños y perjuicios” al Gobierno de Ayuso.

Pese a que desde 2013, cuando se inició este conflicto, muchas familias han sido expulsadas, según los cálculos de PAVPS, todavía quedan más de 1.000 que se mantienen firmes en sus casas.

Ante esto, los afectados reclaman al Ejecutivo regional la “paralización y retirada de todas las demandas de desahucio”, la “reversión total de la operación y recuperación del patrimonio de vivienda pública”, que se repare el “daño causado” a las familias y que “paguen la factura los responsables de la Comunidad que orquestaron la operación”.

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