El caso de la condena a García Ortiz ha vuelto al foco tras sus primeras declaraciones públicas, en las que cuestiona tanto el fallo judicial como el desarrollo del proceso.
García Ortiz asegura que no existían pruebas en su contra y que esperaba ser absuelto
Críticas a la sentencia del Tribunal Supremo
García Ortiz ha afirmado que durante el juicio no identificó ninguna conducta punible, asegurando que tenía la convicción de que sería absuelto. En este sentido, ha calificado la sentencia como una “sorpresa” y un fallo especialmente duro.
El ex fiscal ha reiterado que no fue responsable de la filtración de correos entre la defensa de Alberto González Amador y un fiscal en relación con un presunto delito fiscal.
El ex fiscal insiste en que no participó en la filtración de información
Denuncia de trato durante el juicio
En su relato, García Ortiz ha señalado directamente a Alberto González Amador y a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, como protagonistas de momentos tensos durante la vista.
Según ha explicado, González Amador se dirigió a él en varias ocasiones, mencionándole de forma reiterada, lo que considera una actitud que vulneró su dignidad personal dentro del proceso judicial.
El ex fiscal ha defendido que cualquier persona sometida a juicio tiene derecho a un trato respetuoso y sin señalamientos directos.
García Ortiz denuncia haber sido señalado de forma reiterada en el juicio
Condena y sanciones impuestas
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por un delito de revelación de secretos, imponiéndole varias sanciones económicas y profesionales.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Inhabilitación para cargo público | 2 años |
| Multa económica | 7.200 euros |
| Indemnización a González Amador | 10.000 euros |
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El ex fiscal general ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional, argumentando que su actuación tenía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones erróneas y defender la actuación de la Fiscalía en un asunto de interés público.
Asimismo, el Ministerio Público también ha presentado recurso al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con garantías y la legalidad penal.
El futuro judicial de García Ortiz queda ahora en manos del Constitucional, que deberá decidir sobre una condena que sigue generando debate jurídico y político.
