El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado hoy que no sabía que la compra de Inassa en el año 2001, filial latinoamericana del Canal de Isabel II, se realizó mediante una empresa en Panamá. Pero afirma que, de haber sido informado de ello de boca de sus consejeros y con la documentación que ahora sí conoce sobre cómo se diseñó aquella compra, habría aprobado esa operación del mismo modo que lo hizo en su momento.
Citado a declarar en la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, Gallardón ha respondido a preguntas de los cuatro grupos de la cámara sobre lo que la operación Lezo investiga como primer ‘pelotazo’ en la empresa pública de aguas, por la sospecha de que aquella compra millonaria dejó por el camino mordidas, comisiones y demás desfalcos públicos.
No en vano el exresponsable del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez, confesó hace unos meses a la Fiscalía que la compra de Inassa por 83 millones de euros supuso un desfalco de unos 25 millones de euros de dinero público mientras Gallardón era presidente.
El también exministro de Justicia, en una conversación muy tensa con los diputados de Ciudadanos y Podemos que le han interrogado en la comisión, ha insistido en que todos los documentos e informes de expertos sobre aquella compra indicaron que la operación debía hacerse mediante la creación de una empresa instrumental, puesto que “había un actor privado” implicado.
Ha admitido que ahora conoce que el diseño de aquella compra requirió de la creación de una empresa en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Pero insiste en estar “orgulloso” de aquellas operaciones porque “no hubo nada ilegal”: “Si es legal y beneficioso para los madrileños, a mí me parece ético”.
“La única opción era hacer una sociedad mercantil”, ha defendido Gallardón sobre la compra del 75% de las acciones de Inassa, empresa colombiana en la que el Canal Isabel II entró para expandir su negocio de prestación de servicios de aguas hasta Latinoamérica. Para aprobar la maniobra, se requirió la firma expresa del presidente de la región porque la compra requirió una operación de endeudamiento. En este sentido, Gallardón ha inistido en que su rúbrica solo era necesaria por ese particular, y no por la envergadura o el diseño de la compra como tal.
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