El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado luz verde este miércoles a la imputación del magnate ruso Mijail Fridman, que es el máximo accionista de la cadena de supermercados Dia. El magistrado, según adelanta El País, quiere citarle a mediados de septiembre para interrogarle sobre la quiebra de la empresa española de videojuegos Zed WorldWide.
La Fiscalía Anticorrupción ya pidió hace unos días al juez que citara al multimillonario ruso, ya que entiende que Fridman aprovechó su posición de privilegio en esa compañía, dirigida por Javier Pérez Dolset, para forzar su insolvencia y poder adquirirla posteriormente por un “precio irrisorio”. En concreto, por 20 millones de euros, una cantidad muy inferior al de mercado.
En noviembre de 2017, unos meses después de explotar la operación Hanta por la que fue detenido Pérez Dolset, Fridman remitió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se desmarcaba de cualquier responsabilidad en las decisiones empresariales que pudieron haber derivado en la insolvencia de Zed Worldwide.
Sin embargo, un reciente informe policial que obra en el sumario y al que tuvo acceso Europa Press pone en duda esa versión sosteniendo, con un análisis pormenorizado del funcionamiento de las empresas así como con mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de distintos implicados, que Fridman ostenta “el poder fáctico y directo” sobre los directivos y las decisiones que adoptaron causando un perjuicio patrimonial al accionariado español de Zed.
Así, del análisis de toda la información conseguida a lo largo de esta instrucción, el fiscal José Grinda considera que el inversor ruso lideró una práctica que se conoce en el entorno criminal ruso como ‘raider’ (asalto o ataque) o absorción ilegal de empresas, por lo que pidió que su investigación. El escrito de Anticorrupción afirma que la finalidad de las decisiones de Fridman era “el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con una situación de bloqueo institucional y económico de la compañía (insolvencia), para adquirirla a un precio irrisorio muy inferior al de mercado”.
