José Luis Ábalos, portavoz del PSOE en el Congreso
¿Cuántas viviendas vacías tienen los bancos? ¿Cuántos pisos acumula la Sareb? ¿Cuántos inmuebles son necesarios para pailar la actual crisis de acceso a la vivienda por los precios del alquiler?
Por el momento, el Gobierno del PSOE ha anunciado algunas líneas estratégicas para atajar el problema: reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más estabilidad al inquilino, levantar 20.000 viviendas para «alquileres baratos» en todo el país y, la última novedad, usar viviendas del llamado ‘banco malo’ para que no haya que esperar cuatro año a sumar esos miles de pisos al parque social.
Fuentes de Fomento explican a este medio que las conversaciones con la Sareb han sido una primera toma de contacto y que aún no hay pistas sobre qué tipo de acuerdo se podría alcanzar, aunque los precedentes de Madrid y Barcelona podrían servir de molde.
El primer ejercicio de la cartera que dirige José Luis Ábalos en materia de vivienda ha sido reconocer el problema: que los precios del alquiler se han disparado en ciertas zonas y que la población necesita acceder al arrendamiento asequible.
Pero ponerse manos a la obra significa asumir otra realidad: la falta de datos. Fomento asegura que quiere buscar la colaboración de todas las entidades, públicas y privadas, con peso para influir en el mercado inmobiliario a gran escala, es decir: bancos, Sareb, Comunidades Autónomas y ayuntamientos.
El Ministerio asume que necesita estos datos para que las políticas de vivienda sean eficaces. Pero a la opacidad del sector bancario y del propio ‘banco malo’ se suma al déficit de información del que adolecen las administraciones públicas cuando hablamos de vivienda.
En su intervención en el Congreso de la pasada semana Ábalos apostó por un mejor estudio de los datos disponibles para enfocar las medidas de su ministerio: «En la época del big data Fomento debe desarrollar y recopilar una extensiva base estadística de acceso público y herramientas para potenciar su uso, con el fin de fortalecer el diseño de los planes». El ministro criticó que «proyectos propuestos a partir de información débil o intuiciones suelen conducir a errores de política».
Su reflexión va en la línea de las críticas que expertos del sector manifestaban a este medio hace unos meses, denunciando que buena parte de los datos que nutren las estadísticas públicas sobre vivienda salen de portales inmobiliarios privados, y eso cuando los hay. Es pronto para saber si bastará con «pedir» esos datos a bancos y administraciones, pero los antecedentes no son halagüeños.
El último censo de población y vivienda del INE es de 2011, y sólo se realiza una vez por década. Además, en su última edición no fue censo sino encuesta, «así que no tenemos ni idea de lo que hay detrás», lamentaba la urbanista y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid Raquel Rodríguez. De aquel censo de 2011 salió una cifra de viviendas vacías “que ha estado en discusión muchísimo tiempo”.
“A estas alturas resulta imposible creer que las decisiones institucionales estén respaldadas por diagnósticos eficaces sobre la situación actual o las consecuencias del estallido de la burbuja, máxime teniendo en cuenta la falta de homogeneidad y fragmentación de los datos disponibles”, exponen Rodríguez y Mario Espinoza en el libro “De la especulación al derecho a la vivienda”. Critican la elaboración de diagnósticos y medidas públicas basadas “mitos o creencias desconectadas de la realidad” o, directamente, realidades no contrastadas.
Recuerdan que “tampoco existe un registro público accesible sobre el patrimonio de la Sareb, los datos sobre las viviendas sin vender son el resultado de una estimación realizada por Fomento, y su nivel de desagregación máximo es el provincial».
El sistema de recopilación de datos del resto de administraciones competentes, Comunidades Autónomas y en último término ayuntamientos, tampoco soluciona el problema, porque sufre los mismos males. «El informe del Defensor del Pueblo sobre la vivienda protegida vacía ponía de relieve la falta de control que las Comunidades Autónomas tienen sobre el parque desarrollado por los promotores privados. En esas condiciones resulta imposible determinar el número exacto y la ubicación de este tipo de viviendas”, explican los mismos autores
“Se echa en falta una estadística de contratos de alquiler formalizados. Solo se dispone de información sobre los precios de oferta divulgados por empresas privadas como Fotocasa e Idealista”, se lee a su vez en el Observatorio de Vivienda y Suelo de 2017, que elabora el propio Ministerio de Fomento. Y también el Banco de España recurre a Fotocasa e Idealista para explicar las “variables más significativas” de su estadística sobre indicadores del mercado de la vivienda.
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