“No podemos pasar de cero a 100 en un segundo”, ha argumentado, en la rueda de prensa posterior en el Consello de la Xunta, en la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber impulsado una ley para gestionar la pandemia como pedían Galicia y otras comunidades, y, además, en el caso gallego, haber recurrido ante el Constitucional parte de la reforma de la ley de salud.
A las puertas del 9 de mayo, ha afeado al Gobierno central el uso de una figura “excesiva, antigua y desproporcionada” como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y “culpar” a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve “una trampa impropia de un sistema democrático”.
Así las cosas, se ha reafirmado en que las comunidades necesitan “una red” y, si bien ha defendido que su prioridad sería contar con la ley de salud gallega plenamente en vigor. En caso de no ser posible, ha advertido, sería partidario de mantener el estado de alarma, de forma que cada gobierno pueda medir sus pasos “previa comunicación al Consejo Interterritorial”.
Más allá, ha recordado que Urkullu ya tiene experiencia con el rechazo de los tribunales a alguna de sus decisiones, por ejemplo, en lo que respecta al cierre de la hostelería. Acaba de volver a pasar, ha añadido, con el comercio en La Rioja.
Conflicto con la ley gallega
Así, ha manifestado que Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría “un paraguas legal” si el Gobierno “no le deja gestionar” la pandemia con su ley. “Que es lo que le pedimos», ha resaltado, para añadir que la norma autonómica le parece “suficiente” e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.
En este sentido, ha defendido que la ley no afecta “a derechos fundamentales” e incluso certifica “en un artículo” que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la “autorización y ratificación judicial”.
En este punto, recoge Europa Press, se ha referido a las conversaciones técnicas abiertas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, y ha asegurado que los “interlocutores2 del Ejecutivo estatal “se quedaron muy sorprendidos” porque “ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución”.