Coincidiendo con la Semana de la Arquitectura, destacó los “graves” problemas de accesibilidad que se mantienen en las comunidades de vecinos por este motivo. Asimismo, denunció que se está incumpliendo el artículo 47 de la Constitución que recoge que, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
“Ninguna administración central, desde hace años, lleva a la práctica su responsabilidad de cumplir con la Constitución, ya que se está incumpliendo, tanto el derecho al disfrute de una vivienda digna, como a la falta de promoción de los poderes públicos de las condiciones necesarias que hagan efectivo este derecho”, aseguró el presidente de la entidad, Javier Font. “Solo se traducen en buenas palabras los propósitos de quienes quieren gobernar, cuando hay un proceso electoral, pero, luego, no se materializa ninguna solución”.
En este sentido, la entidad recalcó que considera que la accesibilidad en los edificios de viviendas es un pilar fundamental de cara a potenciar el avance hacia la inclusión en la sociedad, y que la eliminación de barreras arquitectónicas fomenta la seguridad y la autonomía personal de las personas con movilidad reducida.
Indicó que el Gabinete de Accesibilidad Universal de Famma ha detectado innumerables edificios y espacios que no cumplen con los criterios básicos de accesibilidad, y que las denuncias recibidas por parte del Gabinete son, en su gran mayoría, con relación a los problemas de accesibilidad en comunidades de propietarios. Asimismo, la entidad puso especial énfasis en el “preocupante número” de personas con discapacidad atrapadas en sus casas.
De esta manera, la entidad ha querido poner el foco de atención en los escollos existentes en la actual normativa, que permite que haya personas con discapacidad o mayores que no puedan salir ni disponer de una conexión con el exterior, debido a que hay comunidades de propietarios que no cubren el coste de las reformas que requieren muchos edificios para la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Para la Federación, este tipo de costes totales deberían ser abarcados por toda la comunidad, como el resto de gastos en común. Es decir, hasta el 100% del valor total de la obra de accesibilidad.
“Cuando hay un problema en la cubierta del tejado de un edificio o un deterioro de su fachada, nadie se plantea una limitación en el gasto porque están obligados todos a sufragarlo íntegramente. No entendemos por qué cuando existen problemas de accesibilidad que discriminan a las personas, existe este tipo de inconvenientes que contempla, ni más ni menos, una ley. Es una cuestión de derechos humanos y una obligación moral de quien gobierna en estos momentos”, explicó Javier Font.
