El Ministerio de Consumo se ha dirigido este lunes a empresas del sector para trasladarles su preocupación ante la creciente dinámica de inclusión de cláusulas contrarias a la legislación. Entre ellas, fianzas desproporcionadas de hasta cinco meses, garantías adicionales y mensualidades adelantadas.
En ese sentido, Facua considera “fundamental” que las administraciones autonómicas de protección al consumidor ejerzan sus competencias sancionadoras sobre las empresas que, de forma sistemática, confeccionan contratos de alquileres a los propietarios de viviendas que acuden a ellas en los cuáles se incorporan cláusulas expresamente prohibidas por la legislación en materia de arrendamientos urbanos.
Asimismo, la asociación advierte de que en el sector inmobiliario también se llevan a cabo “prácticas ilícitas” como el doble cobro de comisión a propietarios y a compradores o arrendatarios, la incorporación irregular de cláusulas por las que imponen la exclusividad o incluso el cobro de supuestos servicios de búsqueda de vivienda sin que desarrollen otra labor que facilitar a los usuarios la relación de inmuebles que ofertan.
