Peaje
Facua-Consumidores en Acción se ha mostrado contraria al cobro de peajes en autovías gratuitas que habría planteado el Ministerio de Fomento y cuyo supuesto fin sería costear el mantenimiento de las infraestructuras y el impacto medioambiental.
La asociación considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que las vías estén en buen estado salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Así, Facua critica que esta medida, al plantear que todos los conductores deban pagar la misma cantidad para transitar por una carretera, finalmente terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública.
La asociación también advierte de que esa clase de peajes “incentivaría la utilización de carreteras nacionales”, donde “la siniestralidad es más alta y que, en muchos casos, no están mantenidas correctamente por el Estado”. De esta forma, existirían dos tipos de conductores: “uno con un nivel adquisitivo más alto, que podría transitar por las autovías, y otro que, debido a no poder hacer frente al pago, se enfrentaría a carreteras con un mayor riesgo de accidente y en peores condiciones”.
De igual forma, esta medida supondría un “claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos”, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por Fomento consistiría en un auténtico “copago” o “repago”, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Por último, Facua insta al Gobierno a, si uno de los motivos de este peaje es costear el impacto medioambiental, “incentivar la adquisición de vehículos menos contaminantes”, además de investigar y garantizar la eficacia de estos vehículos para evitar nuevos casos como el fraude de emisiones de Volkswagen, y garantizar un transporte público con infraestructuras suficientes y a un precio asequible.
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