El Ministerio del Interior anunció el sábado que estas 81 personas serían ejecutadas por delitos relacionados con terrorismo, asesinato, robo y contrabando de armas. Otros tantos fueron condenados por cargos como «perturbar el tejido social y la cohesión nacional» y «participar e incitar a sentadas y protestas».
En este punto, la directora regional de AI para Oriente Próximo y África del Norte, Lynn Maalouf, ha denunciado que la ola de ejecuciones es «aún más escalofriante a la luz del sistema de justicia profundamente defectuoso en Arabia Saudi, que impone penas de muerte tras juicios que son flagrantemente injustos».
«Una cantidad tan impactante de muertes también revela la falta de transparencia de Arabia Saudita en los casos de pena de muerte, ya que sabemos que la cantidad de juicios en los que los presos pasan a ser condenados a muerte siempre es significativamente mayor de lo que se informa públicamente», ha añadido Maalouf, quien ha alertado de que «muchas personas hoy en Arabia Saudita están en riesgo inminente de ejecución».
En la misma línea, el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Michael Page, ha catalogado la ejecución masiva como «una muestra brutal» de que el Gobierno saudí es «autocrático» y la Justicia del país se encuentra bajo la duda de «imparcialidad» en sus juicios.
«La impactante crueldad de su trato se ve agravada por el hecho de que muchas familias se enteraron de la muerte de sus seres queridos al igual que el resto de nosotros, después de los hechos y a través de los medios de comunicación», ha lamentado Page.
Arabia Saudita ha llevado a cabo previamente dos ejecuciones masivas en los últimos años, aunque ninguna de la misma magnitud. En 2019, 37 personas fueron ejecutadas, la mayoría de las cuales eran hombres chiítas condenados después de juicios falsos; en 2016, 47 personas fueron ejecutadas, incluido el destacado clérigo chií Sheikh Nimr al Nimr.
