José Javier Soler Gallego, ex-miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, ha defendido hoy en la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid su inocencia. Gallego está imputado a raíz de la Operación Lezo, que investiga presuntos desfalcos, comisiones y compras ruinosas para las arcas públicas desde la empresa de aguas madrileña, el Canal Isabel II, durante los mandatos autonómicos del PP desde Alberto Ruiz Gallardón hasta Ignacio González.
Extensia es la sociedad del Canal del Isabel II creada para comprar la empresa colombiana Inassa, una de las operaciones clave según los informes del juez Eloy Velasco, instructor de la causa hasta el pasado mes de mayo en la Audiencia Nacional.
“Le voy a preguntar por aquel viaje a Colombia con el señor Ignacio González”, ha preguntado la diputada regional de Podemos María Espinosa. “En aquel viaje a Cartagena de Indias ustedes fueron fotografiados y grabados con bolsas de plástico”, ha mencionado la diputada, en referencia al polémico viaje en el que González fue a su vez presa del espionaje político en la Comunidad de Madrid y que destapó.
Sin embargo, Soler Gallego defiende que esas bolsas “no tenían dinero”. “Tenían una gorrita, una toalla”, ha afirmado, además de «una botella de agua y crema».
Preguntado sobre a dónde se dirigía la comitiva que el expresidente González lideró a Colombia en 2008 para, en teoría, reunirse con el presidente colombiano Álvaro Uribe y visitar la filial Inassa, liderada por el hombre fuerte del Canal en latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, el exgerente de Extensia ha defendido hoy en la Asamblea que “fueron invitados a un barco, a conocer las Islas del Rosario, al lado de Cartagena”, como explicación a las famosas bolsas de plástico.
Gallego ha afirmado desconocer quién pago los gastos del viaje a Colombia. “¿Usted viaja en calidad de consejero de Extensia para según usted dice hablar con el presidente Uribe y el ministro y no sabe quién le paga el viaje?”, ha espetado sorprendida la diputada de Podemos. “Lo pagaría Canal”, ha acabado respondiendo Gallego, con más tono de suposición que de aseveración.
“Usted ha dejado de ser miembro de Extensia e Inassa para formar una empresa que hacía negocios con el Canal, dejando de ser consejero para empezar a cobrar de Incatema, que es la empresa que según la causa Lezo pagaba las comisiones ilegales”, ha resumido Espinosa, ante lo que el exgerente se ha negado a continuar respondiendo.
La conexión con Haití
“Lo que vemos con estos interrogatorios es que el saqueo no tenía escrúpulos en elegir a quién y qué robar, y no los tuvo en concreto en robar a gente de Haití, país hecho trizas. Ustedes hicieron negocios allí y compraron empresas en ruinas con dinero público a través de empresas pantalla”, ha atacado la diputada.
“Negocios que a usted le parecerán normales, pero que al resto de la población nos dejan ojipláticos”, ha proseguido Espinosa ante el enfado de Soler Gallego, que ha acusado a su vez a la diputada de “preconstruir pruebas, juzgar y condenar” por usar contra su persona “los términos desfalco, saqueo, robo y corrupción”.
La conexión de la imputación de este exgerente con Haití ha sido retomada por la diputada socialista Mercedes Gallizo, que ha recordado que el exgerente no está imputado por la compra de Emissao sino por “una trama supuestamente de blanqueo donde Rodríguez Sobrino tiene activos en bancos con los que usted opera”, ha expuesto.
Ha relacionado por tanto su imputación con estos negocios en Haití a través de la mencionada Incatema, sociedad junto a la que el Canal acordó trabajar para reconstruir el estado tras el terremoto de hace siete años. Como Espinosa, la dipuatda socialista ha acusado al exgerente, según el sumario, de lucrarse con negocios privados ligados al Canal de Isabel II una vez ya había abandonado su Consejo de Administración.
Antes de Soler Gallego ha sido el turno de otro ex administrador de Extensia e investigado en Lezo, Avelino Martínez Ferrero. En su caso, se ha acogido al derecho de no declarar por entender que su imputación en los tribunales le obliga “a no hacerlo”. Ha asegurado que no «se acoge al derecho de no responder, sino la obligación de no hacerlo» ya que al ser investigado por la Audiencia Nacional tiene «el derecho y obligación a no declarar».
