Euro
“Queremos dar resultados a los ciudadanos”, declaró en julio de 2016 el presidente de la recién creada Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales del Parlamento Europeo (PANA), listo para remangarse y explicar cómo pudo ocurrir todo aquello que desvelaron los Papeles de Panamá. Más de un año después, el órgano celebra hoy su sesión final con un dictamen: Europa pierde anualmente un billón de euros en recaudación de impuestos por la evasión fiscal, el equivalente aproximado al PIB de España.
El informe final de esta comisión con 65 eurodiputados reconoce que el bufete del que se filtraron 11,5 millones de documentos con más datos que Wikileaks, Offshore Leaks, Luxleaks y Swissleaks juntos, Mossack Fonseca, “no es la empresa más grande del negocio de la opacidad extraterritorial, lo que indica que los papeles de Panamá pueden ser tan solo la punta del iceberg” y que este bufete representaría entre el 5 y el 10% de este mercado de la evasión. Según Europol, esos datos solo equivalen al 0,6% del blanqueo de capitales que se registra cada año.
En su larga lista de consideraciones previas, la comisión recuerda otro cálculo de 2011: 3,1 billones de dólares se evaporan por la evasión fiscal de las grandes empresas en todo el mundo cada año. Sin olvidar que en 2014 al menos 7,6 billones del patrimonio financiero privado total (de 95,5 billones de dólares) “no estaban justificados”. Es decir, que el 8% de todo el capital financiero privado está en paraísos fiscales, “lo que genera pérdidas de ingresos fiscales de 190.000 millones de dólares”.
“Esto afecta directamente tanto a los presupuestos nacionales como al de la UE”, lamenta el dictamen de esta comisión. Y no solo a los países desarrollados, sino que todo el continente africano pierde por el movimiento ilícito de capitales el doble de lo que recibe al año en forma de ayuda internacional: más de 50.000 millones de dólares.
Todos estos datos llevan a la comisión, que ha desarrollado labores de investigación sobre la evasión fiscal y el lavado de dinero en Portugal, Suiza, Malta y Reino Unido, entre otros países, a exigir “con urgencia más voluntad política, mejor legislación y una aplicación y supervisión más estricta de la misma”.
Recrimina a toda la UE “falta de cooperación y coordinación entre las instituciones y agencias europeas, estados miembro y autoridades competentes” hasta convertir el fenómeno en un problema sistémico que permite a grandes empresas multinacionales esconder su riqueza en “fideicomisos, empresas ficticias, paraísos fiscales y complejas estructuras financieras internacionales”.
El dictamen, aprobado con el voto a favor de 47 miembros, dos votos en contra y seis abstenciones (entre ellas la del eurodiputado español de Podemos Miguel Urbán y tres miembros de la izquierda europea, que consideran insuficientes las medidas), también critica que las sanciones no siempre se aplican, o no son suficientemente disuasivas en casos relevantes, por lo que critica que “países miembros sigan oponiéndose a la imposición, desde la UE, de sanciones a terceros países cuyos sistemas fiscales se han mostrado perjudiciales para Europa”.
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