“Este ‘paper’ ha sido suscrito en un contexto de repuesta a la pandemia y a la guerra de Ucrania y el hecho de que dos países, España y Holanda, que tradicionalmente han tenido visiones divergentes en estos temas, muestra la necesidad de encontrar unidad y determinación para responder a un reto común”, ha señalado Calviño.
En el documento España y Países Bajos piden una reforma del marco fiscal para que se adapte al contexto actual y asegurar la sostenibilidad fiscal de una forma más efectiva y eficiente, considerando el alto nivel de endeudamiento de los Estados miembros tras la pandemia y la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad, recoge Europa Press.
Kaag ha expuesto que una de las razones por las que ambos países empezaron este trabajo conjunto es para “fortalecer las economías” europeas a través de la unión bancaria y ha señalado que las políticas fiscales son necesarias para atajar la sostenibilidad de la deuda.
Ambos países piden la creación de amortiguadores fiscales para hacer frente al próximo ‘shock’ a través de estrategias de consolidación específicas para cada país que sean realistas, graduales y ambiciosas y que, en paralelo, permitan el crecimiento económico y la creación de empleo
Para ello, España y Países Bajos consideran necesario efectuar reformas económicas, inversiones de alta calidad y mejorar la composición de las finanzas públicas para asegurar la reducción de la deuda, que no ésta dependa solo de la consolidación presupuestaria.
El documento señala que los gobiernos a nivel nacional deben crear planes fiscales a medio plazo para asegurar la sostenibilidad fiscal, a través de compromisos de inversión y reformas que sean creíbles. Además, apunta la importancia de estos planes fiscales atiendan a las circunstancias específicas de cada país.
Asimismo, establece la importancia de fijar estrategias que contribuyan a cumplir los objetivos del pacto de Estabilidad y Crecimiento y de unas reglas de juego transparentes que aseguren un trato igualitario para todos los Estados miembro. En caso de no cumplirse el sistema debe incluir mecanismos para que la Comisión y el Consejo Europeo puedan tomar acciones para que se cumplan dichas reglas.
