Los representantes de Bolivia, Cuba, Colombia, Indonesia, Irak, Libia, España, entre otros, basándose en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, han acordado adoptar seis medidas, que incluyen impedir el suministro, transferencia y transporte de armas y equipos militares, así como “cumplir con nuestras obligaciones de garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves” y “apoyar los mandatos de jurisdicción universal”, según recoge la declaración conjunta publicada en la página web del grupo, publica Europa Press.
El documento sitúa en el 20 de septiembre, fecha de la 80º Asamblea General de Naciones Unidas, el límite temporal para que los 30 países participantes adopten los compromisos pactados. Con todo, 12 de esos Estados –Bolivia, Colombia, Cuba, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Namibia, Nicaragua, Omán, San Vicente y Granadinas y Sudáfrica– han afirmado que lo aplicarán de inmediato.
La relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha celebrado el “importante paso adelante” de estos países, instando a que “los demás Estados, desde Europa hasta el mundo árabe y más allá, se unan a ellos”, según ha recogido el propio Grupo de La Haya, que también ha apuntado a consultas con capitales de todo el mundo.
