Violencia machista
La violencia vicaria, ejercida cuando el agresor daña a una mujer a través de sus hijos o seres queridos, será reconocida de manera integral en la legislación española. El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad y en coordinación con Justicia, Juventud e Infancia, impulsa una ley orgánica que busca dotar de un marco jurídico propio a esta violencia que golpea con crudeza a la infancia y la adolescencia. El proyecto forma parte del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El anteproyecto establece que la violencia vicaria será considerada un delito autónomo en el Código Penal. Además, reconocerá a los niños y adolescentes como víctimas plenas de violencia machista, con acceso a medidas de protección y asistencia.
El texto prevé sanciones más duras en los casos de asesinatos vicarios y medidas específicas para impedir que los agresores usen a los menores como herramienta de control o castigo
También se prohibirá utilizar el falso “síndrome de alienación parental” como argumento en procesos judiciales, una práctica ya descartada por la normativa vigente pero aún presente en algunos procedimientos.
El borrador contempla varias medidas de gran calado:
Tipificación penal de la violencia vicaria con agravantes en casos extremos.
Reconocimiento legal de los menores como víctimas de violencia de género.
Derecho de los menores a ser escuchados en procesos judiciales o administrativos que afecten a su vida.
Acreditación de la condición de víctima en caso de infancia y adolescencia.
Tabla: Medidas principales previstas en la ley
| Medida | Alcance |
|---|---|
| Delito autónomo en el Código Penal | Sanciones específicas y agravadas |
| Reconocimiento de víctimas | Menores, familiares y nuevas parejas |
| Prohibición de alienación parental | Eliminación de argumentos falsos |
| Derecho de escucha a menores | En procesos judiciales y administrativos |
La norma se integra en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye varias decenas de medidas sobre la violencia vicaria. El Ejecutivo espera que el texto supere la fase de informes consultivos y pueda remitirse al Congreso en los próximos meses para iniciar su tramitación parlamentaria.
La regulación busca evitar que la violencia vicaria quede invisibilizada en los procesos judiciales y reforzar la protección de la infancia como prioridad política
El gran desafío será lograr la mayoría absoluta necesaria en el Congreso para sacar adelante una ley orgánica. Además, el despliegue de la norma requerirá reforzar la red asistencial a mujeres y menores, garantizar formación a jueces y fiscales, y coordinar los recursos con las comunidades autónomas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que este paso supone “blindar los derechos de los menores” frente a la violencia machista. Si la tramitación no se retrasa, España podría contar con una ley integral contra la violencia vicaria a lo largo de 2026.
El anteproyecto abre un camino inédito en Europa: tipificar la violencia vicaria como delito autónomo y reconocer a los menores como víctimas directas. Un cambio de calado que marcará un antes y un después en la protección frente a la violencia de género en España.
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