Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
El anuncio del presidente del Gobierno de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4% en 2018 supone aumentar algo menos de 29 euros mensuales el sueldo legal menor en el país. La Carta Social Europea, en cambio, establece que el SMI debe alcanzar al menos el 60% del salario medio de cada estado.
La oferta de Rajoy supone aumentar de 9.900 a 10.400 euros anuales a los salarios más bajos (742 euros mensuales en 14 pagas o 866 euros en 12 mensualidades). El salario medio anual en España fue de 1.878 euros en 2016, por lo cual el SMI debería alcanzar los 1.126 euros en doce meses para cumplir con este tratado internacional creado en los años 60 y al que España se adhirió en 1978.
Es decir, a pesar de que el SMI subió un 8% a inicios de 2017 y de que el presidente del Gobierno promete negociar otro 4% con sindicatos, patronal y PSOE, España aún debería subir su sueldo mínimo otros 260 euros según esta norma. Aunque otros países de la vieja Europa como Francia y Alemania incumplen repetidamente esta carta, aunque la situación se agrava en España al empeorar el equilibrio entre sueldo y productividad.
Porque según recordó ayer Comisiones Obreras (CCOO) España sigue siendo el cuarto país con menor salario mínimo de Europa según este porcentaje. El sindicato califica de insuficiente la oferta de Rajoy y pide alcanzar ese 60% del salario medio de manera progresiva, y pide un aumento hasta los 886 euros en 14 pagas.
Para CCOO, el crecimiento económico “tiene que llegar a las personas con una recuperación del peso de los salarios, ya que el ajuste salarial se ha centrado de forma especialmente dura en los sueldos más bajos”.
La plataforma que lidera Unai Sordo denuncia que durante la crisis “se ha producido una devaluación salarial generalizada, algo a lo que no es ajena la reforma laboral, que ha permitido que el empresario pudiese bajar los salarios de manera prácticamente unilateral, pero esa rebaja se concentra en los trabajadores con salarios más bajos”.
Aún así, la propuesta de aumento no ha gustado a los empresarios pero en el sentido contrario: la CEOE cree que ese incremento puede tener “efectos no deseados” y reprimir “la conyuntura favorable” de la creación de empleo.
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