La pandemia provocada por el nuevo coronavirus ha golpeado de lleno a la sanidad privada en España. El mando único durante el estado de alarma imposibilitó su actividad programada no urgente y muchos centros tuvieron que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a enfermos por Covid-19. De este modo, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni pudieron acogerse a ERTE por tratarse de un sector estratégico. El gobierno intervino a todo el sector, independientemente de la incidencia de la enfermedad por zonas, y ahora su viabilidad económica está en juego.
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha alertado del riesgo de quiebra de 2.400 pequeñas clínicas españolas, que dan empleo a 60.000 profesionales médicos. Los centros sin internamiento han visto descender su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.
Tras el fin del estado de alarma, el Gobierno ha delegado en cada una de las 17 comunidades autónomas la regulación de la colaboración entre la sanidad pública y privada. El impacto en la facturación varía en función de cada comunidad autónoma. Así, donde ha sufrido un mayor descenso ha sido en Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias, frente a otras autonomías menos afectadas como Madrid, Castilla y León y Cataluña.
Las clínicas privadas se quejan de que esta falta de homogeneidad hace prácticamente imposible la planificación y optimización de recursos para luchar contra la pandemia y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional y emplea a 266.000 profesionales de alta cualificación.
Desde hace varios meses el sector de la sanidad privada viene solicitando al Ejecutivo de Pedro Sánchez ayudas y compensaciones para “paliar el deterioro económico causado por la actividad de servicio asistencial desarrollada durante la pandemia”. Un SOS que el presidente de ASPE, Carlos Rus, trasladó al propio Illa en una reunión a primeros de junio en la que, según esta patronal, el ministro se comprometió a dar una respuesta en los siguientes 10 días. Algo que no llegó, denuncian.
Pero en Europa la situación difiere. Mientras en España cada comunidad hace lo que considera oportuno, en Francia, Alemania y Reino Unido han impuesto una fórmula de colaboración que compensa a las empresas para garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento del sector.
En este sentido, el país vecino ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector, tanto público como privado. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con Covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados. Además, de cara a una eventual segunda ola de la pandemia, el objetivo es contar con toda la fuerza laboral con apoyo financiero público y con estas medidas, el sector privado está protegido.
En Alemania se han aprobado dos leyes diferentes a este respecto. Por un lado, la Ley de ayuda hospitalaria Covid-19, que compensa económicamente a los hospitales y médicos contratados. Esta normativa ha puesto a disposición de los ciudadanos toda la red de centros médicos, tanto públicos como privados, sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos, algo que garantiza la mejor cobertura de la población.
Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional’, que mejora la capacidad de respuesta a las epidemias.
Entre otros aspectos, los hospitales recibirán una compensación financiera por operaciones y tratamientos reprogramados para liberar capacidad para tratar pacientes con infección por coronavirus y una bonificación de 50.000 euros por cada cama de cuidados intensivos que creen. Además, para equipos de protección personal, los centros hospitalarios recibirán un suplemento de 50 euros por paciente.
La nueva normativa también ha supuesto una simplificación de los trámites con el objetivo de poner como foco principal de la acción de todo el ámbito sanitario alemán el fin de la pandemia.
La ley de emergencia británica
En el Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Además, se ha dado financiación adicional inmediata a la sanidad privada para cubrir los costes adicionales provocados por la respuesta al coronavirus.
De este modo, se garantizó para todo el país que las restricciones financieras no obstaculizarían la adopción de medidas urgentes, tanto en términos de personal, como de adaptación de las instalaciones, equipos, atención electiva o cualquier otra categoría relevante. Para conseguirlo, el Reino Unido ha aprobado un listado de servicios y sus tarifas y ha adelantado un pago a cuenta a todos sus proveedores para garantizar la salud de su ciudadanía y mantener la estabilidad, sostenibilidad y futuro de su sector sanitario.
