Pedro Sánchez expresa la postura del Gobierno sobre el conflicto actual.
Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la TPI, y en julio de 2025 empezó a aplicar estas medidas contra Albanese, recuerdan desde Moncloa. Para hacer frente a esta situación, España ha solicitado la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, el principal instrumento de la Unión Europea para “neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio europeo”, señala el Ejecutivo en una nota.
En una carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, Sánchez ha alertado de que dichas sanciones “suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional”.
Las medidas de presión autorizadas por el presidente Trump incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo, que pasa por “investigar y perseguir la violación de derechos humanos”.
“Tradicionalmente, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países que afecten a los intereses de la UE (actualmente se aplica sobre determinadas normas de EEUU)”, señala Moncloa.
En el escrito dirigido a la Comisión, el Gobierno plantea que es el momento de que este mecanismo “supere la lógica comercial con la que fue creado” y sirva como escudo frente a medidas que pongan en riesgo el sistema multilateral basado en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional.
Para llevarlo a cabo, la UE tendría que incluir la norma extranjera lesiva en el anexo del Reglamento. En este caso, España solicita incorporar varias órdenes ejecutivas estadounidenses, dictadas al amparo de la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, en las que se sustentan las sanciones.
La carta recuerda que la Corte Penal Internacional tiene un papel esencial en la lucha contra la impunidad y en la rendición de cuentas frente a los crímenes más atroces (genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad), y que los Relatores Especiales de Naciones Unidas desempeñan una “función clave para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos”.
Por ello, las sanciones no solo afectan a sus titulares, sino que “erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales”, ha recalcado Sánchez.
España ya trabaja para sumar apoyos
España ya está trabajando para recabar el apoyo de otros Estados Miembros “comprometidos con la justicia internacional y la defensa de derechos humanos para articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión”. Además, promoverá la inclusión de este asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y el 19 de junio, con el objetivo de que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión.
“Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente”, ha señalado el presidente del Gobierno en su escrito a Von der Leyen.
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